En mi última actuación parlamentaria, ejerciendo de portavoz del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural en la Comisión de Cultura, acabo de presentar 21 enmiendas al proyecto de ley de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, entre las que destaca la propuesta de que sean las empresas prestadoras de servicios de internet y de servicios en internet las que paguen la compensación por copia privada, en lugar de abonarla desde los Presupuestos Generales del Estado. Asimismo se elimina el artículo que, para justificar una reducción en la compensación por copia privada a la que tienen derechos los creadores, declara ilegales todos los supuestos de reproducción o copia para uso privado que hasta el momento eran legales, lo que supone un grave perjuicio para el consumidor.
El Grupo de La Izquierda Plural pretende consagrar en la ley el derecho del autor a adherirse a una entidad de gestión de derechos de autor o a autogestionarse, su libertad para decidir sobre qué derechos quiere licenciar su obra, así como para utilizar licencias libres u otras alternativas al copyright tradicional. Otra enmienda matiza la irrenunciabilidad del derecho para los autores y los artistas intérpretes o ejecutantes: «salvo que voluntariamente se opte por facilitar el acceso a la cultura libre, se trate de obras de uso libre y gratuito, o expresamente se autorice su uso para fines educativos o de investigación».
Por otra parte, IU-ICV-CHA propone la supresión de la denominada «tasa Google» o «canon AEDE» que deberían pagar los agregadores de noticias. A su juicio, resulta dudoso que reproducir titulares de noticias periodísticas, ya disponibles en otras páginas web, con el correspondiente enlace a la web original, pueda considerarse contrario a los derechos de autor, tal como dictaminó la reciente sentencia Svensson del Tribunal de Justicia de la UE en el caso C466/12. Semejante pago que podría terminar repercutiendo en plataformas de participación comunitaria en Internet como Twitter, Facebook o Menéame, donde se difunden y comparten titulares de prensa con el enlace correspondiente, supondría una alteración de la cultura P2P, que es fundamental en la sociedad del conocimiento.
Independientemente de que pueda resultar muy popular para la imagen del Gobierno cobrar derechos de autor a Google News o Yahoo News, multinacionales que apenas pagan impuestos a la Hacienda española, el Gobierno debería centrarse en exigir a las empresas prestadoras de servicios de internet y de servicios en internet el pago de la compensación equitativa por copia privada, en lugar de que recaiga sobre todos los contribuyentes vía Presupuestos Generales del Estado. Y por supuesto, que se esfuerce en cobrar impuestos a los gigantes tecnológicos por el negocio que realizan en España.
Asimismo, La Izquierda Plural defiende a los directores de fotografía (que deberían incluirse como autores de las obras audiovisuales) y a los autores musicales (proponiendo la equiparación de los leoninos contratos de edición musical, carentes de las garantías generales, con el resto de contratos de edición), así como a los autores y artistas con discapacidad (fomentando su integración a través de la función social de las entidades de gestión).
Desde IU-ICV-CHA se propone una redacción alternativa a la ventanilla única creada por el proyecto de ley, para evitar la confusión y clarificar algunas cosas: debe afectar sólo a las entidades de derechos fonográficos y audiovisuales, y dirigirse a los establecimientos abiertos al público, especificando la hostelería, centros de ocio, hoteles, etc.
En cuanto a las tarifas, que el proyecto de ley rebajaba injustificadamente hasta dejarlas en un 70%, la Izquierda Plural las deja en un 90% y recupera el sistema de pagos a cuenta durante el período transitorio de adaptación al nuevo sistema de fijación de tarifas. Por otra parte, se establecen unas tarifas más adecuadas para las administraciones públicas competentes en promoción de la cultura y equipamientos culturales.
Otras enmiendas proponen reformar la composición de las dos salas de la Comisión de Propiedad Intelectual, buscando la pluralidad de la Sala Primera destinada al arbitraje (incluyendo representantes de entidades de gestión y de consumidores) y garantizando la independencia de la Sala Segunda encargada de perseguir la piratería (exigiendo que sus miembros sean catedráticos de Universidad: de Derecho Civil, Ingeniería Telemática, Derecho Procesal y Comunicación Audiovisual). Entre las enmiendas de carácter técnico, algunas buscan evitar conceptos jurídicos indeterminados que pudieran generar indefensión en la represión de la ilegalidad.
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