Aragón condena el franquismo y recupera el Estatuto de Caspe y el Consejo de Aragón

Briz en el PlenoEl pasado miércoles el Pleno de las Cortes de Aragón aprobó por unanimidad una proposición no de ley de CHA, defendida por Gregorio Briz, que dignifica a las víctimas de la represión fascista,  que condena sin paliativos tanto a los golpistas como a la dictadura  franquista y que impulsa decididamente la recuperación de los  valores representados en el Estatuto de Autonomía de Caspe y en el Consejo de Aragón,  como gestos de identidad aragoneses más relevantes de la época.

El texto aprobado por unanimidad es el siguiente:

«Las Cortes de Aragón acuerdan:

-Condenar el golpe de Estado que tuvo lugar el 18 de julio de 1936 en  España y el “régimen de dictadura militar” que se constituyó  posteriormente.

-Instar al Gobierno de Aragón a proseguir en la defensa y fomento de  los valores democráticos y el Estado de Derecho, así como con las  actuaciones correspondientes para dar cumplimiento a lo dispuesto en  la Disposición adicional décima de la ley 2/2016, de 28 de enero, de  Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón,  relativa a la aprobación de una ley de localización e identificación  de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura  franquista y de dignificación de las fosas comunes.

-Reclamar al Gobierno de Aragón a que prosiga con los actos que se  consideren más adecuados tendentes a profundizar en la investigación,  reconocimiento y difusión del denominado “Estatuto de Caspe” de 1936,  en la línea de lo que se ha comenzado a realizar este año,  conmemorando, con sendos actos, su 80 aniversario, tanto el pasado 23 
de abril de 2016 como el 6 de junio de este mismo año.

-Solicitar al Gobierno de Aragón la puesta en marcha de cuantas  actuaciones se consideren necesarias para valorar, difundir,  dignificar y reconocer el “papel institucional” del denominado  “Consejo de Aragón”, así como incluirlo entre los contenidos  educativos aragoneses.

– Rechazar cualquier tipo de actuación que pretenda ahonda en los  enfrentamientos entre aragoneses.»

La exposición de motivos de la iniciativa de CHA (en la que se me cita como autoridad; gracias, compañeros) es la siguiente:

«El próximo 18 de julio de 2016 se cumplirán 80 años del “Golpe de  Estado” contra el Gobierno legítimo de la II República. Por este  motivo y con el “telón de fondo” de este acontecimiento, como  principal factor desencadenante de todos los hechos referidos en esta  iniciativa, consideramos necesario debatir y pronunciarnos como  institución sobre toda una serie de peticiones vinculadas directamente  a esta cuestión: la “necesaria condena” del Golpe de Estado, la  “imprescindible dignificación” de las víctimas de la dictadura y el  “justo reconocimiento” al “papel político jugado” por el conocido como 
“Estatuto de Caspe” y por el denominado “Consejo de Aragón”.

A nuestro juicio es ineludible, en primer lugar, realizar, por parte  de estas Cortes y con motivo de este trágico aniversario, un  pronunciamiento expreso de condena contra el “golpe de Estado” que  comenzó el 18 de julio de 1936 y que “seccionó” de modo violento el  Gobierno democrático y sus instituciones legítimamente constituidas en  la España de la referida época.

«La dictadura de Franco fue la única en Europa que emergió de una  guerra civil, estableció un Estado represivo sobre las cenizas de esa  guerra, persiguió sin respiro a sus oponentes y administró un cruel y  amargo castigo a los vencidos hasta el final.» (Casanova, Julián,  Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco, p. 5).

Tenemos que seguir reclamando también, a todas las instituciones  públicas implicadas, el impulso de cuantas medidas tiendan a reparar a  las víctimas de la represión de la dictadura militar que se instauró  en España tras el triunfo de los “militares golpistas”.

En las últimas décadas todos los ciudadanos y ciudadanas hemos hecho  posible la construcción de una sociedad más respetuosa con la  libertad, amante de la tolerancia y el respeto, pero que sigue  recordando la lucha y el sacrificio personal de miles de personas, 
entre ellas muchos aragoneses y aragonesas, que fueron víctimas de la  guerra civil o padecieron más tarde la cárcel y la represión de la  dictadura o el exilio. Reconocimiento y dignificación que impulsó el  propio Consejo de Europa instando al Gobierno español a honrar a las  víctimas del franquismo condenando “las múltiples y graves violaciones  de los derechos humanos cometidos en España por el régimen franquista  entre 1939 y 1975”.

Personas, valores pero también recuerdo, reconocimiento y homenaje  necesario al autogobierno de Aragón. Recuperar para nuestro presente y  futuro los “relevantes gestos de identidad” que como país tuvo Aragón  durante ese periodo histórico: el “Estatuto de autonomía de Caspe del  año 1936”, o lo que supuso, posteriormente, el denominado “Consejo de  Aragón”, órgano de autogobierno en el Aragón republicano durante la  primera etapa de la guerra civil.

Unos acontecimientos, también marcados por el Golpe de Estado militar  y parte consustancial de nuestra “memoria histórica”. Hay que recordar  que el “Congreso Autonomista”, en el que participaron los partidos del  Frente Popular, elaboró un proyecto de Estatuto de Autonomía para  Aragón que no pudo tramitarse ni aprobarse en referéndum porque lo  impidieron “el golpe de estado del General Franco” y la posterior 
guerra civil. Hay que seguir insistiendo en que el hecho de que no  hubiera dado tiempo a aprobar el Estatuto aragonés entonces sirvió, a  partir de 1978, para postergar a Aragón a la conocida como “vía lenta  de acceso” a la autonomía en la etapa democrática.

Ligado inseparablemente a estos hechos se incluye el denominado  “Consejo de Aragón”. Y es que, como en 1808 cuando el Capitán General  de Aragón, José Palafox, convocó Cortes de Aragón para investirse de  poder, en 1936 también Aragón se dotó de un gobierno provisional para  “tiempos excepcionales”. El pueblo aragonés tenía plena conciencia de 
pueblo, identificado por su Derecho foral y por sus mil años de  Historia, por lo que a nadie debía extrañarle que Aragón se dotara de  una institución de gobierno propia en el contexto de máxima dificultad  en la España republicana. Un gobierno reconocido por el Gobierno  constitucional de la II República, pero que fue enterrado “bajo  toneladas de sal” por los vencedores y que los demócratas debemos  rescatar del olvido.

Durante la guerra civil, el “Consejo Regional de Defensa de Aragón”, o  simplemente “Consejo de Aragón”, creado para gestionar los territorios  leales a la República en el Aragón oriental, pronto se convirtió en un  auténtico gobierno, de composición plural y reconocido oficialmente  por el Gobierno de la República.

Una experiencia, como la califica el escritor Chesús Yuste,  “apasionante, controvertida, mitificada y desmitificada, ejemplar para  el movimiento libertario internacional y también para la izquierda  antiautoritaria, y también referente para los aragonesistas en tanto  que antecedente de gobierno autonómico con capitalidad en Caspe, “todo  un guiño histórico” que debemos poner en valor”.

El Consejo de Aragón no fue sólo una organización de defensa militar  en el Aragón republicano; fue toda una experiencia de gobierno, con un  ejecutivo que dictaba normas, que imprimió un documento de identidad,  creó una policía autonómica, aprobó un escudo e incluso una bandera  propia.

En definitiva, consideramos que las instituciones democráticas no  pueden refugiarse en un “déficit de memoria histórica” para postergar  la condena al golpismo y el recuerdo de las personas e instituciones  que lucharon por la libertad y la democracia, por defender los valores  republicanos. Aragón tendría que recuperar y dignificar también los  acontecimientos políticos más relevantes ligados a esta época,  vinculándolos para no perder la perspectiva histórica de conjunto.»

 

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