Cara y cruz del derecho a decidir en Escocia y Cataluña (mi última colaboración en The Southern Cross)

TSC 139 portadaPara el número correspondiente a diciembre de 2014, de The Southern Cross, el periódico mensual de la comunidad irlandesa de Argentina, a punto de cumplir los 140 años de historia viva, me pidieron que intentara comparar el referéndum de independencia de Escocia y el proceso soberanista que se está produciendo en Cataluña. Aquí tenéis el artículo:

Cara y cruz del derecho a decidir en Escocia y Cataluña

Chesús Yuste

Entre el 18 de septiembre y el 9 de noviembre de 2014 no solo ha habido un salto de 52 días, sino un auténtico abismo de diferencias entre el referéndum sobre la independencia de Escocia y el «proceso participativo» que se celebró finalmente en Cataluña. Dos naciones históricas en Europa que quieren tomar el destino en sus manos. Dos procesos históricos distintos, aunque con ciertos paralelismos. Dos procesos soberanistas diferentes y también dos respuestas antagónicas desde Londres y Madrid respectivamente. Ambos bajo la atenta mirada del Sinn Féin, que promueve un referéndum sobre la unidad irlandesa en 2016, coincidiendo con el centenario del Levantamiento de Pascua.

El 16 de enero de 1707 el Parlamento de Escocia aprobó el Acta de Unión que ligaría su destino al de Inglaterra, sin producirse ninguna invasión. Desde entonces Escocia es una de las nations que conforman el Reino Unido de Gran Bretaña. Mientras, en la península ibérica se libraba la Guerra de Sucesión entre el aspirante austracista, el Archiduque Carlos, y el aspirante borbónico, Felipe de Anjou. Fue una guerra dinástica con repercusiones internacionales, pero en la que también se jugaba el modelo de Estado para la España del futuro: la uniformidad de un estado centralista como la Francia de los Borbones o la pluralidad de un estado compuesto como el que existía hasta la fecha, en el que cada reino había conservado sus fueros, libertades e instituciones propias, como contrapunto del poder de un monarca que reinaba sobre todos esos reinos. Así, la Corona de Castilla apoyó al francés y la Corona de Aragón al austracista. La victoria de Felipe supuso el 29 de junio de 1707 que los reinos de Aragón y Valencia «por derecho de conquista» perdieran su derecho foral propio y sus parlamentos. Idéntica suerte corrieron las instituciones catalanas tras la caída de Barcelona el 11 de septiembre de 1714. Comenzaba entonces el reinado de Felipe V, primer Borbón en España, que supuso la desaparición de los estados de la Corona de Aragón, incluida Cataluña. Asistimos por tanto, hace 300 años, a dos realidades paralelas de construcción de la monarquía absoluta y de un Estado centralista y uniforme bajo el maquillaje de la modernización.

En 1999 Escocia recuperó su Parlamento en Edimburgo en el marco de la Devolution, el proceso de descentralización de poderes desde Londres impulsado por el gobierno laborista de Tony Blair. Y la victoria del Scottish National Party (SNP) en 2007 puso la convocatoria de un referéndum de independencia en la agenda política. La reacción del Gobierno británico encabezado por el conservador David Cameron, a pesar de no compartir la intención del gobierno escocés de Alex Salmond, fue de máximo respeto a la vía democrática para conocer la voluntad del pueblo escocés. Así que el pasado 18 de septiembre se abrieron las urnas y, tras una participación récord, de un 84,6%, los escoceses pudieron decidir su futuro: el No a la independencia logró el 55,3% de los votos frente al 44,7 % de Síes. El resultado motivó la dimisión de Alex Salmond que ha sido sustituido al frente del SNP y del Gobierno por quien era su viceprimera ministra, Nicola Sturgeon.

El caso catalán es muy distinto. Tras recuperar el autogobierno brevemente durante la II República (1931-39) y definitivamente en 1977 después de la Dictadura del general Franco, Cataluña ha avanzado en su construcción nacional, contando siempre con una amplia mayoría nacionalista en el Parlament. En 2006, con gobiernos socialistas tanto en Madrid como en Cataluña, se abordó una profunda reforma de su Estatuto de Autonomía en clave federal, que reconocía el hecho nacional catalán. El Partido Popular, la derecha española entonces en la oposición, rechazó dicha reforma y recurrió al Tribunal Constitucional, que dictaminó en 2010 la inconstitucionalidad de 14 artículos y la reinterpretación a la baja de otros varios, que, recordémoslo, llevaban en vigor cuatro años. La polémica sentencia fue aprobada no por unanimidad, sino por un estrecho 6 a 4. La respuesta de la sociedad catalana fue contundente con una masiva movilización contra los recortes en el Estatut, a la que siguieron otras aún mayores con motivo del 11 de septiembre (Diada Nacional), con más de un millón y medio de personas. Aquí tenemos el origen del proceso soberanista que está defendiendo el derecho a decidir del pueblo catalán.

Sin duda, la sentencia del Tribunal Constitucional que recortó el Estatut ha provocado un desgarro serio entre Cataluña y, digamos, ‘Madrid’ (los poderes centrales del Estado español). Una ruptura difícil de cicatrizar. Desde entonces cada No con el que se responde desde ‘Madrid’ provoca una nueva generación de independentistas en Cataluña. Alentado por el éxito de las manifestaciones, el presidente del gobierno catalán, Artur Mas, decidió ponerse a la cabeza de un proceso soberanista, probablemente para ocultar la política de recortes sociales que está llevando a cabo y protegerse del desgaste propio de gestionar la austeridad.

Tengamos en cuenta que Artur Mas (líder de la coalición nacionalista de centroderecha Convergència i Unió, CiU) no ha propuesto una declaración unilateral de independencia, sino una mera consulta ¡no vinculante! (ni siquiera un referéndum como en Escocia) para conocer la opinión de los catalanes y, con el resultado, ir a negociar a ‘Madrid’. De hecho, aspiraba a una consulta con una doble pregunta: «¿Quiere que Cataluña sea un Estado?» (se sobreentiende que podría ser independiente o bien mantener una relación federal o confederal con España, que es la posición defendida por Unió y por la izquierda federalista ICV-EUiA) y «En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?» (posición defendida por Convergència y por las izquierdas independentistas ERC y CUP). Sin embargo, la reacción del Gobierno de Mariano Rajoy (PP) fue rechazar cualquier cosa que socavara la «unidad indivisible de la nación española» consagrada en la Constitución. En repetidas ocasiones la mayoría del Parlament de Catalunya (el 64% de sus diputados) pidió a Madrid que convocara la consulta en el marco constitucional, pero siempre obtuvo el No por respuesta. En consecuencia, Artur Mas convocó la consulta el 9 de noviembre de 2014 amparado en la legislación autonómica, pero el Tribunal Constitucional (TC) anuló la ley catalana de consultas y prohibió la consulta no vinculante. Al final, a pesar de haber sido prohibido también por el TC, lo que se celebró el 9-N fue un «proceso participativo», una especie de encuesta organizada por la sociedad civil aunque con el respaldo imprescindible de la administración autonómica (colegios, etc.). Por tanto, un sucedáneo de consulta sin las garantías necesarias, pero que movilizó a más dos millones de catalanes, fundamentalmente partidarios de la independencia.

El 9-N ha servido para ratificar la voluntad masiva de los catalanes de querer votar para decidir sobre su futuro colectivo. La consulta de verdad sigue pendiente. Ahora la respuesta de ‘Madrid’ ha sido querellarse contra el presidente Mas, lo que le va a reforzar en lugar de debilitarlo. El próximo movimiento anunciado por Mas será adelantar las elecciones en clave plebiscitaria para que una lista única soberanista pueda ganar con mayoría absoluta, pero no resulta fácil tejer esa compleja alianza transversal con la independencia como único programa. A lo largo de todo el proceso, resulta increíble el autismo del PP, que rechaza cualquier diálogo que pueda evitar el choque de trenes. Si algo nos enseña el caso escocés, es que en democracia los conflictos como éste sólo pueden resolverse en las urnas. Y si la Constitución española lo impide, es que está mal hecha y habrá que corregirla. ¡Qué mala suerte tener gobernantes cobardes precisamente en tiempos tan decisivos como estos!

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