Interpelando sobre la despoblación de Teruel, Soria y Cuenca (la transcripción)

Interpelación del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural sobre la política del Gobierno en relación con el reconocimiento de las provincias de Teruel, Soria y Cuenca como zonas escasamente pobladas dentro de la Unión Europea, con objeto de recabar las ayudas que los fondos estructurales y el Fondo social europeo prevén para las zonas con esa problemática. (Pleno, 28/05/2014).

El señor YUSTE CABELLO: Señor presidente, señorías, señor ministro, hace unos meses, en febrero, tres organizaciones empresariales provinciales, la Confederación de Empresarios de Cuenca, la Confederación Empresarial Turolense y la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas presentaron un sólido informe elaborado por juristas expertos en derecho internacional y relaciones internacionales titulado «Cuenca, Soria y Teruel y su encaje en un área meridional escasamente poblada». El objetivo de ese informe era que el Gobierno español incorporara al Acuerdo de Asociación España-Unión Europea 2014-2020 la reclamación de que se reconozca a tres provincias españolas con muy baja densidad demográfica -esto es, Teruel, Soria y Cuenca- como una zona despoblada ibérica que pueda acceder a ayudas de los Fondos Estructurales y del Fondo Social Europeo para paliar esa problemática.

Lamentablemente, a finales de abril, el Gobierno español no recogió las aportaciones de las organizaciones empresariales de esas tres provincias cuando envió el acuerdo de asociación a Bruselas. Permítame que antes de pedirle explicaciones a usted por su decisión o por la decisión del Gobierno desarrolle brevemente los argumentos de peso que expusieron las organizaciones empresariales en ese informe. No es la primera vez que como diputado de Chunta Aragonesista y de la coalición La Izquierda de Aragón intento explicar en esta Cámara la realidad aragonesa y tampoco puedo olvidar una interpelación que formuló mi antecesor José Antonio Labordeta el 14 de febrero de 2001, que provocó un debate monográfico sin precedentes sobre la realidad y las necesidades de Teruel. Aquellos eran años de movilizaciones convocadas por la coordinadora ciudadana Teruel Existe, llegando incluso a convocarse una huelga general en la provincia, algo absolutamente inaudito. En aquel debate sobre la interpelación Labordeta terminó diciendo: «Señorías, Soria será Teruel, mucha parte de la España interior será Teruel, por eso nosotros, desde la reivindicación de un Teruel vivo, preguntamos al Gobierno qué medidas piensa tomar para poner en marcha a esta provincia y a esa España interior que está absolutamente agonizando». Pues bien, han pasado trece años y hay que volver a recordar que Teruel existe, que ¡Soria ya! y que esa España interior continúa desangrándose demográficamente. De ahí nace la colaboración de las tres organizaciones empresariales de esas tres provincias que son las que presentan una menor densidad demográfica en el Estado español: Soria, con 9,23 habitantes por kilómetro cuadrado, Teruel, con 9,77, y Cuenca, con 12,36 habitantes por kilómetro cuadrado.

Los promotores de esta iniciativa son conscientes de que la vieja política regional de la Unión Europea se ha transformado en una política de cohesión que, además de económica y social, lo es también territorial. Por eso existe un mandato de atención preferente a zonas rurales, pero también a regiones que padecen desventajas naturales o demográficas, graves y permanentes como las septentrionales, con una escasa densidad de población y las regiones insulares transfronterizas y de montaña. Es un mandato que entendemos debería obligar a la Comisión Europea, pero también a los Gobiernos de los Estados miembros.

La principal novedad de los últimos tiempos, señor ministro, es que en el informe Geospecs, «Especificidades geográficas y potenciales de desarrollo en Europa», que es el principal documento estratégico de programación de la política regional y de cohesión, se reconoce la situación de desventaja estructural en que se encuentra el territorio de las provincias de Cuenca, Teruel y Soria, y es la primera vez, desde la adhesión de España a la Unión Europea, que se dice algo así en un documento de tanta importancia. En ese informe, señor ministro, se identifica y se delimita claramente un área del interior peninsular escasamente poblada con características especiales y con necesidades de desarrollo también especiales y esa zona es el territorio de Soria, Cuenca y Teruel, con una densidad en su conjunto de 10,79 habitantes por kilómetro cuadrado, una auténtica catástrofe demográfica y social que no puede ser ignorada ni por la Unión Europea ni por el Estado español.

El informe describe perfectamente las debilidades y las amenazas de esa zona despoblada ubicada en el sistema Ibérico entre Aragón y las dos Castillas: despoblación, envejecimiento, baja natalidad, éxodo de la población joven, gran superficie, muy baja densidad de población, además población dispersa en el territorio; carencia de todo tipo de infraestructuras viarias, ferroviarias y de telecomunicaciones; desinversión por parte de la Administración General del Estado; escaso nivel de innovación, de industrialización y de internacionalización; desaparición de núcleos urbanos por falta de mínimos servicios sanitarios, educativos, comerciales y socioeconómicos; y mercados con menor potencial por falta de masa crítica y mayores costes.

No estamos hablando solo de las desventajas de las zonas rurales con respecto a las urbanas ni solo de las desventajas de las regiones montañosas, estamos hablando de desventajas adicionales a unas y a otras. Se trata de la singularidad territorial de una región despoblada. No obstante, esta región también tiene fortalezas y oportunidades, pero hace falta un esfuerzo público para ponerlas en valor. Riqueza patrimonial cultural, histórica, natural y artística que debe traducirse en atractivos turísticos; parques naturales y zonas protegidas, las ZEPA y los LIC; importante industria agroalimentaria; extensa masa forestal; recursos energéticos; posibilidades de potenciar industrias ligadas a esos recursos endógenos agroganaderos, forestales, energías renovables, etcétera.

Para ello debe haber inversiones públicas en infraestructuras de transporte y también para garantizar los servicios públicos de calidad en el medio rural. Los Gobiernos autonómicos afectados reconocen que cuesta más dinero mantener servicios públicos en áreas despobladas. Ahí no se puede hacer economía de escala como en las conurbaciones de Madrid o del Mediterráneo. Por cierto, para la próxima financiación autonómica le conmino a que tenga en cuenta estas realidades y no solo el peso de la población.

Las organizaciones empresariales de estas tres provincias despobladas apostaron por constituir una Inversión Territorial Integrada, que es un nuevo instrumento de programación que supera las rigideces de la política regional comunitaria. Sin embargo su Gobierno, señor Montoro, ha hecho oídos sordos. ¿Por qué? ¿No cree que estas provincias merecen un trato diferente, una especial atención por parte de su Gobierno y por parte de la Unión Europea precisamente por su bajísima densidad? Si no reclama ayudas a la próxima Comisión Europea, ¿qué es lo que propone su Gobierno para estas provincias despobladas y para la España interior en general? ¿O es que se confiesan ustedes incapaces de convencer a nuestros socios en la Unión Europea de que la despoblación no solo es una cosa del norte o de los países escandinavos?

Permítame recordarle que cuando los Estados escandinavos se incorporaron a la Unión Europea se creó para ellos el llamado Objetivo 6 para apoyar a regiones con baja densidad demográfica, singularmente Laponia, pero también a otras regiones de Suecia y de Finlandia a las que, no lo olvidemos, se les permitía excluir las capitales para empeorar las cifras de densidad. Luego, en una reforma posterior, las regiones escandinavas del Objetivo 6 fueron incorporadas automáticamente al Objetivo 1 sin necesidad de cambiar el criterio de acceso al Objetivo 1 que, como recordará, es el de la renta inferior al 75% de la media comunitaria. ¿Por qué no se tuvo entonces en cuenta como criterio nuevo el de baja densidad demográfica? No lo sabemos. Lo cierto es que no se tuvo en cuenta y décadas después, desde Aragón y desde ambas Castillas seguimos con la misma batalla. Quiero conocer cuál es su opinión al respecto, señor ministro.

Seguramente muchos diputados representantes de otras provincias me dirán, ¿y por qué no Guadalajara, que limita precisamente con Soria, con Cuenca y con Teruel? Ciertamente Guadalajara es la sexta provincia con peor densidad y presenta unas cifras similares, en torno a 20,7 habitantes, aunque también es verdad que la proximidad a Madrid y la existencia del corredor del Henares puede distorsionar su perfil. ¿Por qué no Huesca, que es la cuarta provincia con menor densidad, 14,6 habitantes por kilómetro cuadrado? ¿O Zamora con 18, o Cáceres con 20, o Ávila y Palencia con 21 habitantes por kilómetro cuadrado? Y si nos dejaran hacer lo mismo que hicieron los escandinavos cuando se creó el Objetivo 6, eso de excluir las capitales y los centros urbanos, ¡imagínese lo que podríamos hacer!, incluso podríamos hablar de Zaragoza. La provincia de Zaragoza, si excluimos la megalópolis de su capital, que tiene 700.000 habitantes, presentaría una densidad demográfica de solo 17,8 habitantes por kilómetro cuadrado: casi como Huesca.

Fíjese, señor Montoro, cómo negocian algunos en la Unión Europea, ¿verdad? Bueno, yo no le voy a pedir tanto. Lo único que le voy a pedir es una política para la España interior. Una política para esos territorios de interior que agonizan demográficamente. Una política de apoyo a esos territorios despoblados y que merecen la atención preferente tanto del Gobierno español como de la Unión Europea. Yo le pido que atienda la reclamación de las organizaciones empresariales de Soria, Teruel y Cuenca y que al menos dé explicaciones en esta Cámara, si no ha atendido su petición,  sobre qué va a hacer para responder a esa reclamación que se está formulando desde estos territorios.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Yuste.

Tiene la palabra el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señor presidente, señorías, señor diputado, lo primero que tengo que decirles a su señoría y al conjunto de la Cámara es que el Gobierno comparte la preocupación manifestada en su interpelación urgente sobre el problema de la despoblación que presentan diversas provincias de España y en particular las de Teruel, Soria y Cuenca. De hecho, el Gobierno ha mantenido contactos con los dirigentes políticos de las tres comunidades a las que pertenecen estas tres provincias y con los representantes de otras regiones que también integran la denominada Red europea de regiones  con desafíos demográficos para consensuar la mejor manera de distribuir fondos europeos para estas zonas.

Para ayudar con fondos europeos a las zonas de España con problemas demográficos se abrían ante nosotros dos alternativas. Por un lado, como ha señalado su señoría en la interpelación, cabía buscar el reconocimiento en el seno de la Unión Europea de zonas escasamente pobladas con el objetivo de recabar ayudas de fondos estructurales y el Fondo de cohesión europeo, que son específicos para las zonas que se encuentran en esta situación. La segunda vía era establecer instrumentos que permitan aplicar de una manera novedosa a esas zonas con déficit de población parte de los fondos que reciben las regiones españolas. La primera de esas vías ha sido hasta ahora imposible, está agotada. Es cierto que el método de asignación de los fondos de la política de cohesión aprobado por el Consejo Europeo para el nuevo periodo tiene en cuenta las zonas escasamente pobladas, pero se refiere a la regiones cuya densidad de población es inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado dentro de las regiones más desarrolladas de la Unión Europea. Esta densidad de población solo se encuentra en una parte de las regiones clasificadas como más desarrolladas, Aragón y Castilla y León, pero no en el conjunto de ambas comunidades autónomas. Es cierto que las tres provincias que su señoría menciona en la interpelación -pertenecientes a regiones diferentes- sí tienen esa densidad mínima de población, pero en la reglamentación de los fondos europeos no existen asignaciones específicas para las provincias.

Así pues, no cabía otra posibilidad que utilizar la segunda alternativa, es decir, trabajar y estudiar con las comunidades autónomas los instrumentos adecuados para trasladar a estas provincias parte de los fondos europeos conseguidos por España en la negociación para el periodo 2014-2020 estableciendo qué actuaciones son más convenientes para sus características. El primer obstáculo que encontró España en la negociación de la política de cohesión -como recuerda- para este periodo 2014-2020 fue que presentaba para toda la Unión Europea una reducción del 12% respecto del periodo anterior. Además, las últimas estadísticas oficiales que estaban disponibles para el cálculo de los fondos que correspondían a nuestro país -las relativas a 2007-2009- recogían unos datos de producto interior bruto por habitante claramente por encima de la media comunitaria y bastante por encima de los que, debido a la crisis, existen actualmente en nuestro país. Esta situación provocó que en algunos momentos de la negociación la asignación presupuestaria para España estuviera rondando pérdidas bastante cuantiosas respecto del periodo 2007-2013. La introducción a iniciativa del Gobierno español -de su presidente don Mariano Rajoy- de nuevas variables en la negociación, como la asignación adicional por grupo de regiones propuesta para España o la iniciativa de empleo juvenil, hicieron que las partidas para nuestro país crecieran incluso por encima de la propuesta inicial de la Comisión.

Finalmente, se obtuvo asimismo una cláusula de revisión a mitad de periodo que va a permitir recalcular las asignaciones de la política de cohesión de acuerdo con las estadísticas que se conozcan en 2016. Se calcula que esto permitirá que España pueda añadir un volumen de más de 2.400 millones de euros a las dotaciones previstas, de modo que se alcanzará un volumen de recursos muy similar al que se consiguió en el periodo anterior. Una vez obtenidos los resultados de esa negociación y asignada la distribución de fondos entre comunidades autónomas, de manera bastante equitativa para que no hubiera perdedores ni ganadores en términos de la distribución de fondos estructurales entre las diferentes comunidades autónomas de España, llevaremos adelante -insisto- las iniciativas políticas con las comunidades autónomas que tienen esas características dentro de ellas.

Así que el acuerdo ha sido la elaboración de programas operativos que desarrollen con mayor precisión las actuaciones que deben llevarse a cabo. Esta es la fase en la que nos encontramos actualmente y la que va a permitir una distribución de fondos más eficiente hacia esas tres provincias objeto de esta interpelación. Hay que destacar que de los 36.000 millones de euros que se van a invertir en estos programas operativos en el periodo 2014-2020, 1.400 corresponden a Castilla y León, casi 1.900 a Castilla-La Mancha y 666 a Aragón. Para poder diseñar una política que combata el problema del despoblamiento de esta provincia, las tres comunidades autónomas estudian la creación de lo que se denomina una inversión territorial integrada -esa figura conocida por sus siglas como ITI-, una herramienta de gestión de nueva creación incluida en los reglamentos de los fondos europeos que permite elaborar una estrategia para resolver un problema concreto en un determinado territorio. Aplicar esta herramienta permite también adoptar un enfoque territorial propio en un área determinada que, en este caso, deberían ser estas tres provincias. Si finalmente las tres comunidades acuerdan una ITI podrán, de forma conjunta o cada comunidad por separado, diseñar una estrategia de desarrollo recogida en los correspondientes programas operativos que tenga en cuenta las necesidades de estas zonas, y destinar los fondos a aquellas medidas que contribuyan a solucionar el problema de despoblamiento con inversiones destinadas a la creación de riqueza y de empleo.

Comparto con su señoría que lo mejor habría sido conseguir un reconocimiento específico de las tres provincias como zonas escasamente pobladas de la Unión Europea. Pero hay que ser operativos y, al no ser posible, ahora estamos trabajando en la herramienta de gestión que ofrece, sin lugar a dudas, muchas posibilidades para mejorar la situación de estas provincias y  la calidad de  vida de sus ciudadanos. El Gobierno está en la mejor disposición para colaborar con esas estrategias en esas provincias. Este espíritu de colaboración con la necesidad de las comunidades y las entidades locales es el mismo que llevó al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a poner en marcha diversos programas para mejorar la liquidez; por ejemplo, el Fondo de proveedores, que ha ido realmente a esas tres provincias: en el caso de Cuenca, 83 millones de euros; en el caso de Soria, casi 11 millones de euros; en el caso de las corporaciones turolenses han recibido 13 millones de euros, con lo cual se han pagado decenas de miles de facturas.

Su señoría, como representante de la Comunidad Autónoma de Aragón, no ignora la importancia que le ha dado este Gobierno -no en esta legislatura, sino en anteriores  legislaturas-  a lo que ha sido la concesión a la comunidad autónoma de un fondo  para Teruel con objeto de financiar inversiones. En concreto, el Consejo de Ministros del pasado día 9 de mayo aprobó la concesión de una subvención a la Comunidad Autónoma de Aragón para financiar inversiones en Teruel por importe de 30 millones de euros, que promuevan directa o indirectamente la generación de renta y de riqueza en la provincia. Es una actuación coherente que completa la que ya en los años noventa se puso en marcha con el fondo de Teruel -este convenio especial para Teruel-, a iniciativa del Partido Popular, y por la  que yo también, como miembro de aquellos Gobiernos y en mi condición de secretario de Estado de Economía y después ministro de Hacienda, dupliqué la aportación y el contenido de esos convenios. A partir de ello, también hemos desarrollado infraestructuras que hoy hacen que estas provincias estén mejor conectadas, obviamente con su entorno, aunque tenemos que seguir mejorando y apoyando la inversión de esas infraestructuras en la línea que proponía su señoría.

En términos de lo que debe ser una nueva financiación autonómica también tengo que coincidir, por descontado. Hay que tener en cuenta en España no solo el total de población atendida a través de servicios públicos, sino también el problema demográfico, el envejecimiento de la población en términos de lo que significa la dispersión poblacional o, en este caso, la escasa demografía. Ya lo hicimos en la financiación autonómica que aprobamos en esta Cámara en el año 2002, y, por tanto, ahora tenemos la oportunidad de seguir mejorando elementos que son fundamentales en una España que debe estar mejor cohesionada y cuyas diferencias están en los niveles de rentas, pero también están en los estratos de población: poblaciones mayores, poblaciones más jóvenes, poblaciones más concentradas, poblaciones diversas. Ellas componen la geografía política de España y desde el Gobierno tenemos la mejor disposición para atender en concreto la situación de estas provincias que también merecen ese reconocimiento de lo que ha sido el esfuerzo en el desarrollo económico de España; se les debe reconocer, y también se debe dar seguridad a los ciudadanos de estas provincias de que van a recibir todo el apoyo del Gobierno de España para mejorar sus condiciones de crecimiento económico, de creación de riqueza y para garantizar con equidad el acceso a los grandes servicios públicos: educación, sanidad y prestaciones sociales, como es la dependencia.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Señor Yuste.

 

El señor YUSTE CABELLO: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, me alegro de que comparta la preocupación, pero debo decirle que esperaba una respuesta no más concreta, pero sí más contante y sonante, por decirlo así, más incisiva en el problema que estamos abordando. Debo decirle que su respuesta me ha decepcionado. Entiendo que para el ámbito de la Unión Europea es difícil hacer llegar un discurso desde el sur, donde se impone tanto ese pensamiento único nórdico, especialmente escandinavo cuando hablamos de despoblación, como si solo tuvieran zonas despobladas los Estados escandinavos, pero en todo caso debo decirle que si los sucesivos Gobiernos españoles cada vez que han negociado han preferido optar por buscar el máximo beneficio para el conjunto del Estado, para la mayor parte de comunidades autónomas, y en esa negociación han sacrificado los intereses de algunas provincias, en este caso provincias despobladas, ha sido una decisión política que han tomado los sucesivos Gobiernos: los del Felipe González, los de Aznar y los siguientes. Esa es la realidad. Son zonas despobladas, con pocos electores, donde apenas sus decisiones afectan en las grandes composiciones de los parlamentos, de las instituciones, y la verdad es que llaman menos la atención o generan menos interés por parte de los Gobiernos europeo y central que otros territorios más poblados. Eso es una evidencia que las gentes de estas provincias lo llevan absolutamente metido en el corazón, o sea que no me lo niegue. Desde luego, esa sensación se tiene en esas provincias y los Gobiernos deberían actuar de otra manera para que no se sientan tan abandonados como se sienten en esos territorios.

Cuando usted da por agotada, da por imposible la adquisición de fondos europeos adicionales y lo que plantea es que sean las comunidades autónomas las que, con los fondos europeos que reciben, asuman la financiación de esa ITI, de esa Inversión Territorial Integrada, hay que decirlo: estamos desvistiendo un santo para vestir otro. Usted ha hablado de las cifras: 1.900 millones de euros de Castilla-La Mancha, 1.400 millones de Castilla y León, 600 millones de Aragón. Desde luego, en el caso de Aragón evidentemente son unas cifras muy escasas. Aragón secularmente ha estado excluido del Objetivo 1. Por tanto, nunca íbamos a recibir grandes fondos de la Unión Europea ni recursos. Sin embargo, lo que estamos viendo es que hay que hacer ahora un esfuerzo y se le pide a la comunidad autónoma que lo haga. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Qué es lo que van a aportar desde el Gobierno central para compensar esos recursos que no llegan de la Unión Europea?

Ha hablado del Fondo de Inversiones de Teruel. Recordemos que ese fondo se creó como compensación ante la injusta exclusión de Aragón  -específicamente de parte de Aragón, como es el caso de Teruel- del Objetivo 1 por perversidad estadística y, por el mismo motivo, porque se arrastró el criterio, la exclusión también del Fondo de Compensación Interterritorial. Para compensar eso se creó ese Fondo de Inversiones de Teruel. Digo yo que debe ser insuficiente, porque con ese fondo encima de la mesa la Confederación Empresarial Turolense se ha reunido con sus homólogos de Cuenca y Soria para plantear esta alternativa ante la Unión Europea. Por tanto, es evidente que no se consideran satisfechos con ese Fondo de Inversiones de Teruel.

Habla también del pago a proveedores. Señor Montoro, el pago a proveedores es un préstamo, es un buen negocio para la banca, no lo incluya aquí como si fuera un regalo que se hace a provincias despobladas. Sería otra cuestión. Si quiere le recuerdo que hay cinco grandes proyectos estructurantes para la provincia de Teruel que siguen estancados, en los que no hay ni una máquina trabajando. Van a pasar los cuatro años de esta legislatura y no van a ver ni una máquina trabajando en el desdoblamiento de la Nacional 232 desde El Burgo de Ebro hasta Alcañiz y hasta el Mediterráneo; la conexión Monreal-Alcolea, que es la unión entre la A-23 y la A-2; la vía rápida entre Teruel, Alcañiz, Caspe y Fraga, ese otro proyecto estructurante del área occidental de la provincia; el ferrocarril Cantábrico-Mediterráneo y la conexión ferroviaria moderna entre Zaragoza, Teruel y Valencia. Esos cinco proyectos estructurantes no van a ver esta legislatura ni un euro, ni una máquina trabajando. Por tanto, no saque pecho.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.

El señor YUSTE CABELLO:  Lo único que le quiero decir es que en este momento las organizaciones empresariales de Soria, Teruel y Cuenca tienen programados viajes a la Unión Europea para entrevistarse con los nuevos responsables de la Unión Europea porque no dan por perdida la batalla de la ITI, van a seguir reivindicando. Usted sabe cómo somos, somos gente tenaz, gente persuasiva, gente exigente, y las organizaciones empresariales van a dar la batalla en Bruselas. Yo espero que el Gobierno esté con ellos y no contra ellos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Yuste.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Señor Yuste, la importancia de la política aplicada a los ciudadanos jamás depende del número de ciudadanos. Sería la última forma de entender y de ver la política y la acción de un Gobierno. Baste citar el ejemplo de las personas que se sientan en esta Cámara y que han tenido también altas responsabilidades en las gestiones de algunas de esas comunidades autónomas, y por supuesto el presidente de la Cámara, cuya procedencia política es precisamente de una de esas provincias, y no en esta última legislatura, sino que lleva su larga trayectoria política absolutamente vinculada a la provincia de Soria. O sea, que no sé dónde ve usted la importancia o no de pertenecer a un territorio o a otro.

En segundo lugar, es fruto de la normalidad institucional de España que un representante, como es usted, de La Izquierda Plural suba a la tribuna para apoyar a las asociaciones empresariales y defenderlas en su representación de Bruselas. (Protestas.- El señor Coscubiela Conesa pronuncia palabras que no se perciben).

 El señor PRESIDENTE: Señor Coscubiela, le ruego que se comporte.

Continúe, señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, presidente.

Estoy diciéndolo en sentido positivo. Lo estoy diciendo en términos de normalidad institucional y me parece muy positivo lo que hemos escuchado aquí. ¿Va a estar el Gobierno trabajando con ellos? No le quepa ninguna duda, y no porque seamos ahora Gobierno. Esas mismas asociaciones le pueden decir que yo he estado reunido con ellas cuando no era Gobierno. Eso se lo pueden decir en esos lugares. No he estado reunido en Madrid o en la sede de un partido político, he estado con ellos allí, en todas esas provincias que usted cita, incluso en lugares concretos de esas provincias, y lo pueden decir ellos. He tenido el honor de reunirme con ellos, de trabajar con ellos para ver dónde podemos  y debemos encontrar las soluciones. Esas soluciones, efectivamente, dependen de fondos europeos y dependen de fondos que vengan de los Presupuestos Generales del Estado, pero no me negará su señoría que algo hemos hecho y que no ha sido La Izquierda Plural.  La Izquierda Plural viene a decir que el pago a proveedores es el negocio de la banca cuando estamos salvando miles de puestos de trabajo. Esos ayuntamientos, también los de Izquierda Unida, se acogieron al pago de proveedores, sin esos pagos habrían cerrado  tanto empresas como autónomos. Pequeñas y medianas empresas y trabajadores habrían perdido sus  puestos de trabajo porque esos ayuntamientos no pagaban, no eran capaces de pagar por sí solos, pero para eso está el Estado. Aquí se sienta también un representante político del Partido Popular, don Santiago Lanzuela, que ha hecho tanto desde su Gobierno entonces, también participando en los Gobiernos directos de Aragón y con el que yo también he tenido el honor y la responsabilidad de promover  ese proyecto de la minería que tan importante fue para Teruel desde finales de los años noventa a comienzos de los dos mil. También el desarrollo de infraestructuras absolutamente fundamentales, como los desdoblamientos de toda la conexión entre Zaragoza y Teruel, Teruel y la salida hacia la Comunidad Valenciana, en fin, infraestructuras absolutamente fundamentales. ¿Queda por hacer? Claro, queda por hacer, ¿quién niega que queda por hacer? Pero lo que estamos haciendo ya es que haya una recuperación económica en España, lo que estamos haciendo ya es que esas provincias donde la producción agrícola es fundamental se estén convirtiendo también, gracias a la negociación de la política agrícola común, en unos elementos de dinamismo económico cada vez mayor. Eso es lo que realmente importa y a eso se dedica el Gobierno, y lo hace con hechos, como llevar ese convenio de inversiones; con hechos, 30 millones de  euros para las inversiones en Teruel; con hechos decididos en el Consejo de Ministros de 9 de mayo, última fecha de aplicación de un compromiso. Con hechos y con realidades y, por supuesto, con dinero de todos los españoles, con dinero que debe ir a la cohesión entre todos los  territorios de esos españoles y también los que habitan en zonas menos pobladas, casi desérticas demográficamente, tienen los mismos derechos y van a tener todos los apoyos del Gobierno de  España para garantizarles los accesos a los servicios públicos fundamentales; sobre todo, para promover la creación de riqueza  y oportunidades de empleo para los más jóvenes, que es la única manera de luchar contra un problema de aislamiento territorial en cualquier lugar de España.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro

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