Desclasificar los 10.000 documentos de Defensa 1936-68 (la transcripción)

Proposición no de ley sobre desclasificación de documentos y puesta a disposición de investigadores y personas interesadas. Intervención del Diputado de CHA (La Izquierda de Aragón) Chesús Yuste, como portavoz de Cultura del G.P. IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural. (Comisión de Cultura, 7/04/2014).

El señor YUSTE CABELLO: Podemos empezar diciendo que España no es un país para historiadores. El Ministerio de Asuntos Exteriores mantiene clasificada como secreta y reservada desde 2010 la práctica totalidad de su documentación, incluyendo los fondos históricos de su archivo compuestos por papeles diplomáticos del siglo XV al siglo XX, mientras que el Ministerio de Defensa canceló la publicación de 10.000 documentos de 1936 a 1968 que estaban a punto de ser desclasificados por el Gobierno anterior. Por ello, en ese contexto, trescientos investigadores el año pasado exigieron el desbloqueo inmediato y el acceso a esa documentación histórica. En términos prácticos el Estado español está impidiendo a los profesionales de la investigación histórica realizar investigaciones de temáticas tan diversas como la represión franquista, las relaciones entre la Dictadura de Primo Rivera y la Sociedad de Naciones o la política del Protectorado español en Marruecos. Es una cuestión de salud democrática. ¿A qué tiene miedo el Estado para impedir la investigación?

Los historiadores denuncian el daño a la imagen y al prestigio del Estado español que se está produciendo más allá de nuestras fronteras, así como la degradación de la calidad de la democracia española que se deriva de unas decisiones que nos alejan de los estándares europeos e internacionales de protección de derechos democráticos básicos como el de la libertad de información y de investigación. ¿Qué hay que ocultar cincuenta años después, o siglos después? ¿Qué seguridad nacional puede quedar en entredicho? Ninguna, absolutamente ninguna. Por eso los papeles tienen que ser accesibles a toda la sociedad, una vez pasado ese margen de tiempo que se suele cifrar en cincuenta años.

Repasemos los hechos. A finales de 2011, poco antes de concluir la pasada legislatura, la ministra de Defensa elevó una propuesta de acuerdo al Consejo de Ministros para la desclasificación de 10.000 documentos declarados secretos por distintos departamentos militares, propuesta basada en un informe elaborado por el propio del Ministerio de Defensa. Los documentos agrupados en cuarenta y dos apartados aludían a hechos relacionados con la Guerra Civil y la Dictadura y se aclaraba que la propuesta de desclasificarlos se debía a que ya no representaban riesgo alguno para la seguridad del Estado. Sin embargo, por razones que se ignoran, la propuesta se quedó sin aprobar y el asunto pasó al nuevo Gobierno entrante del Partido Popular.

En mayo de 2012 el ministro de Defensa actual decidió rechazar la desclasificación de esos 10.000 documentos, ya que entendía que no eran una prioridad y que se requería un trabajo extraordinario. Con esa frase el ministro negaba el informe y la nota informativa de la Secretaría de Estado de la Defensa cuando iniciaron la selección de archivos, los informes del JEMAD y de los jefes de Estado Mayor identificando aquellas series documentales, cuya desclasificación no entrañaba riesgo para la seguridad y para la defensa nacional y el mismísimo informe del CNI y el acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Defensa, cancelando la calificación de secreto y/o reservado. El actual ministro de Defensa se ha reafirmado en que el derecho de acceso a los archivos no constituye un derecho absoluto; mantienen que los documentos en cuestión no se hallan -y cito textualmente- “incardinados en el ámbito de un procedimiento administrativo finalizado”; interpretan que la documentación generada durante el proceso de desclasificación simplemente -y abro comillas- “plasmaba una opinión o propósito de los diversos órganos intervinientes o asesores” -cierro comillas-; declaran que el derecho de acceso -comillas otra vez- “no podrá ser ejercido respecto de aquellos expedientes que contengan información sobre las actuaciones del Gobierno de Estado”, y finalmente recuerda el ministro que la eventual decisión de cancelar la clasificación de “un bloque documental de gran volumen que arrastra tal carácter desde hace muchos años, escapa a la intervención activa de los ciudadanos”. Lo mismo puede extenderse a los documentos de indudable interés histórico declarados secretos en otros departamentos ministeriales como el de Exteriores.

A diferencia de los Estados de nuestro entorno, en España un documento puede estar clasificado de manera indefinida y sujeta tan solo la desclasificación al arbitrio del Gobierno en cada momento, sin ninguna seguridad jurídica para los ciudadanos y aunque hayan desaparecido las causas para su clasificación. La desclasificación de estos documentos tiene una gran relevancia para la investigación de la Guerra Civil, así como de los primeros años de la Dictadura del general Franco, no suponiendo los mismos ningún peligro para el Estado, como así aseguraba el propio informe del Ministerio de Defensa en su momento.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural presenta la siguiente proposición no de ley, con el objetivo de que el Gobierno proceda de inmediato a la desclasificación de todos los documentos declarados secretos por los diversos departamento gubernamentales entre 1936 y 1968 -corrijo aquí la errata producida en el texto original de la proposición no de ley-, para aplicar en el Estado español la normativa de archivos existente en el resto de países avanzados, donde la única limitación son cincuenta años transcurridos desde la emisión del documento, permitiendo por lo tanto el acceso a investigadores y a personas interesadas. También reclamamos que se abra a consulta todos los documentos que, aún no estando considerados no accesibles, no estén a disposición de los investigadores como los archivos referentes a la Brigada Político Social u otras instituciones de la Dictadura franquista. Por todo ello, pido el voto favorable a esta proposición no de ley.

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