Esta mañana, como Diputado de CHA por la coalición La Izquierda de Aragón, he participado, junto a los diputados Ramón Jáuregui y Gaspar Zarrías (PSOE), Ascensión de las Heras (IU), Irene Lozano (UPyD), Ana Oramas (CC) y Joan Baldoví (Compromís-Equo), en la presentación ante el Tribunal Constitucional del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL, o simplemente reforma local o ley antiayuntamientos para entendernos). Más de 130 diputados del Congreso, de todos los grupos de oposición (salvo PNV) han firmado el correspondiente recurso.
Nuestro rechazo a esta reforma local se fundamenta en su voluntad centralizadora, que pretende imponer un modelo neoliberal, que abre la puerta a la privatización (o desaparición) de servicios, pero es que además es inconstitucional, porque vulnera competencias autonómicas y municipales y atenta contra el principio de la autonomía local.
Además, en el caso de Aragón, tenemos serias dudas acerca de si es aplicable o no la disposición adicional relativa específicamente a Aragón, ambigua e insuficiente, que se incorporó en el Senado vía enmienda para contentar al PAR y salvar la continuidad del Gobierno de Aragón, pero que no nos equipara a Euskadi y Navarra y no nos libra pues de la amenaza de la LRSAL. De hecho, conviene recordar que esta ley es una bomba nuclear para la estructura territorial aragonesa, al imponer la tutela estatal a los pequeños municipios. Recordemos que, de los 731 municipios que hay en Aragón, solo 4 tienen más de 20.000 habitantes y solo 25 tienen más de 5.000. Es decir, el 96% de los municipios aragoneses está bajo la amenaza de intervención e incluso desaparición por esta ley antiayuntamientos aprobada por el PP.
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