Con las víctimas de las estafas financieras

En diciembre registré la siguiente pregunta parlamentaria relativa a la situación que atraviesan las personas que han sufrido estafas financieras generalmente a manos de prestamistas privados. Hoy esta iniciativa ha sido noticia en El Periódico de Aragón por la inminente subasta de la casa de una de las personas estafadas, Irene Gimeno. Aquí tenéis el texto de la pregunta parlamentaria:

Según estimación de la Asociación de Estafados Víctimas Financieras (Adevif), más del 30% de los desahucios que se producen en España afectarían a quienes han utilizado sus viviendas como aval para recibir un crédito de prestamistas privados y, en la mayor parte de los casos, han sido estafados. Al ser cada vez más difícil obtener un crédito por parte de bancos y cajas de ahorros, muchas personas están acudiendo a prestamistas privados. En muchos casos, se trata de personas mayores que desconocen el funcionamiento de este tipo de negocios. Para acceder al capital, suele ser condición necesaria utilizar una vivienda como aval, que el solicitante del préstamo ya tiene en propiedad o a falta de pagar una parte muy pequeña de la hipoteca.

La estafa puede llevarse a cabo de diferentes formas, pero es habitual que el prestamista convenza al cliente de que firme ante notario la recepción del importe total del crédito, cuando en realidad se le abona sólo una parte y se pospone la entrega del resto del dinero. Así, la víctima del engaño se ve obligada más adelante a devolver un préstamo que nunca ha llegado a recibir y termina pagando la falsa deuda con su propia casa. Sin embargo, al existir un documento legal, los jueces suelen archivar el caso y las víctimas quedan desprotegidas.

Ante esta situación presentamos las siguientes preguntas:

¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno o piensa adoptar para proteger a las víctimas de estafas financieras o, en general, a las personas afectadas por desahucios derivados de créditos de prestamistas privados?

¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno o piensa adoptar para facilitar que la administración de Justicia pueda demostrar que el prestamista se dedica a esta actividad de forma profesional para, una vez reconocida esta situación, poder exigirles todas las condiciones y garantías aplicables a cualquier otra entidad financiera, sin cuyo cumplimiento los contratos de préstamo serían nulos de pleno derecho?

¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno o piensa adoptar para garantizar que todos los préstamos estén debidamente registrados en la administración tributaria y no solo para asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de quienes los suscriben, sino también para poder determinar si quienes prestan dinero lo hacen genuinamente como particulares o si se dedican a esto tan reiterada y/o extensivamente como para considerar que se trata de un negocio financiero sujeto a las obligaciones y garantías que tienen las demás entidades financieras?

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Una respuesta a Con las víctimas de las estafas financieras

  1. Ramón dijo:

    Estoy totalmente de acuerdo. No obstante, mientras en este País, los gobernantes esten más por la labor de aumentar su patrimonio, y asegurarse un buen futuro económico. Esto seguirá sucediendo.
    Acaso, no supone gran una estafa, el que miles de empleados públicos, dediquen menos de dos, o tres horas diarias a hacer el trabajo, para el cual han sido contratados.
    No es una estafa millonaria lo que están haciendo las eléctricas. O las operadoras de telefonía, las más denunciadas. Pueden llegar a estafar varios millones de euros anuales, y a pesar de ser en algunos casos sancionadas, que más les da?. Al sancionarles con un millón d euros, ya han estafado 10, y en la mayoría de los casos, es ciudadano jamás recupera lo estafado.
    No es una estafa, que el Presidente de Baleares, suba el sueldo a los suyos, cuando a todos los demás se lo han bajado. O siendo Alcalde de Marratxi, cobrara por dedicación plena, y a la vez fuera titular de su farmacia.
    O que quiera asignar una paga vitalicia de algo más de 1.000 €/mes, a los funcionarios que tras dos años de estar en politica, vuelvan al funcionariado.
    No es una estafa, el que para cobrar un cheque o pagaré sin fondos, se tengan que pagar tasas judiciales, y el gobierno no obligue a los bancos a responsabilizarse.
    Este País, por desgracia está lleno de estafadores, con el visto bueno de los gobernantes. Y por añadido dentro de éstos, bastantes lo están haciendo a manudo.

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