Defendiendo las enmiendas a la Ley General de Telecomunicaciones (la transcripción)

Intervención del Diputado de CHA (La Izquierda de Aragón) Chesús Yuste, defendiendo las enmiendas del G.P. IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural al proyecto de Ley General de Telecomunicaciones. (Comisión de Industria, Energía y Turismo, 13/02/2014).

El señor YUSTE CABELLO: No me duelen prendas en reconocer, sin que sirva de precedente, que en este caso el ponente del Grupo Popular, el señor Puente, sin duda con el respaldo de la secretaría de Estado competente, ha realizado un esfuerzo, que quiero agradecer públicamente, en aras de alcanzar acuerdos para ampliar la base parlamentaria de esta ley. Ciertamente, en algunas cuestiones que veníamos denunciando desde la oposición se han producido mejoras que no podemos negar, entre ellas hay diez enmiendas [finalmente solo fueron aprobadas 8, pues el PP retiró dos transacciones relativas a salud pública al conocer que mi voto global iba a ser negativo] del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural que van a ser aprobadas mediante transacción, contribuyendo a corregir algunos aspectos de la ley.

Voy a destacar cinco cuestiones. La primera es el papel de los operadores públicos de telecomunicaciones, que habían desaparecido prácticamente del proyecto de ley y que ahora se salvan in extremis, pudiendo recibir incluso subvenciones para hacer un trabajo muy importante, un trabajo en el que no compiten con la iniciativa privada y que es precisamente el más importante en territorios despoblados o desvertebrados como los que existen en Aragón y en otras comunidades autónomas donde la iniciativa privada no tiene ningún interés en actuar. La segunda es el reconocimiento de la autoprestación por parte de las administraciones públicas sin que se obligue a registrar todas y cada una de sus actividades de una manera bastante penosa, como se planteaba inicialmente. La tercera es un mayor compromiso en el desarrollo de las redes ultrarrápidas hasta su universalización en línea con los objetivos de la Agenda digital para Europa. La cuarta es la defensa de los usuarios, al exigir copia del contrato y las facturas en papel; pensemos que nuestra sociedad todavía no está alfabetizada digitalmente al cien por cien. En quinto lugar, hemos logrado incluir algunas exigencias en relación con el control de la emisión radioeléctrica y la prevención de la salud pública, incluida la necesidad de investigar sobre los efectos electromagnéticos en la salud. Somos conscientes de que este avance es insuficiente, pero al menos va a haber unos preceptos que mencionan la prevención de la salud pública y que por tanto pueden ser exigidos por la ciudadanía y por las asociaciones de afectados a partir de ahora. Eso es un avance. [Finalmente el PP retiró estas dos transacciones relativas a salud pública al conocer que mi voto global iba a ser negativo.]

Por supuesto, mantenemos vivas las ochenta y tres enmiendas restantes que ha presentado nuestro grupo y que persiguen los objetivos que paso a describir con cierta rapidez: en primer lugar, impedir la barbaridad que a nuestro juicio supone el artículo 29, que es la expropiación forzosa automática de tejados y azoteas en favor de operadores que quieran instalar antenas. Es una medida gubernamental que va contra los intereses legítimos de los vecinos, que va contra las competencias municipales y que prioriza los intereses particulares de las grandes corporaciones por encima del interés general y de los principios de cautela y prevención de la salud pública. Es cierto que en este artículo se han aprobado algunas transacciones, pero sinceramente apenas son tiritas que no afectan a la gravedad de la cuestión. Esta invasión del domicilio genera a nuestro juicio indefensión jurídica, vulnera un derecho fundamental, puede generar situaciones arbitrarias y, lo que es aún más grave, se hace para poner en riesgo la salud de los vecinos, y eso es algo que resulta inconcebible. Asimismo, nuestras enmiendas defienden las competencias municipales y autonómicas en materia de medio ambiente, salud pública, seguridad pública, ordenación urbana, ordenación del territorio e incluso tributación por ocupación de dominio público, que se ven menoscabadas en este proyecto de ley.

La ley desde luego tiene algunos detalles increíbles. Da luz verde para que las operadoras hagan lo que quieran, llegando al extremo de que pueden pasar los cables por donde les dé la gana, pasando por encima del ordenamiento urbanístico del municipio, ordenamiento urbanístico que por ejemplo podría haber prohibido los despliegues aéreos o en fachadas en algunas áreas del casco histórico. ¿Por qué hace falta que el Gobierno llegue a estos extremos? Sinceramente no hace falta; por mucho que quiera complacer a los grandes operadores no hace falta ir tan lejos.

El proyecto de ley, por otra parte, se olvida de los derechos de los ciudadanos a vivir en un medio ambiente saludable y a preservar el derecho a la salud, respaldado por miles de estudios independientes sobre los efectos de la contaminación electromagnética. Nosotros queremos que la ley lo tenga en cuenta —y en ese sentido hemos presentado enmiendas— y que se le aplique también la legislación de evaluación de impacto ambiental. El proyecto de ley también se olvida de los derechos de los usuarios —podríamos citar casos específicos—, y por ello nosotros proponemos que se eviten contratos superiores a veinticuatro meses, por ejemplo, que son los que generan cautividad de los usuarios en la relación contractual con las operadoras. Específicamente se olvida de los usuarios con discapacidad, y nosotros queremos que haya una mención expresa de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. También queremos que se extienda el procedimiento extrajudicial de resolución de conflictos a todos los usuarios, no solo a las personas físicas, como contempla el proyecto de ley, sino también a las personas jurídicas. Defendemos, asimismo, el principio de precaución y queremos que se establezcan expresamente las medidas incluidas en la Resolución 1.815 del Consejo de Europa y que se derogue el Real Decreto 1.066/2001, el reglamento que establece las condiciones de protección de dominio público radioeléctrico, que ha quedado manifiestamente obsoleto. Proponemos, asimismo, que se priorice el acceso a la red pública de comunicación por cable y el uso de la tecnología que minimice la exposición a radiaciones electromagnéticas, con especial atención a las personas con electrohipersensibilidad, un problema de salud cada vez más extendido y que es el gran olvidado de este proyecto de ley.

Exigimos también al ministerio que incluya la certificación de los aparatos de telecomunicaciones y límites de la radiación electromagnética tolerable para la protección de la salud pública de los ciudadanos y ciudadanas, exigiendo un etiquetado claro de los niveles de emisión y advertencias sobre posibles riesgos. También hemos salido en defensa de los operadores públicos —lo he citado anteriormente—, en el sentido de que prestan unos servicios que no inciden en la competencia, como reconoció la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en 2010. Las transacciones van a regular la cuestión en un real decreto que posteriormente elaborará el Gobierno, pero, a nuestro juicio, podía haberse avanzado ya en el proyecto de ley para mayor seguridad jurídica.

También pretendemos que esta ley contribuyera a resolver la situación en la que se han quedado las radios comunitarias sin ánimo de lucro, que todavía no se han regularizado porque la propia Administración ha incumplido los plazos que se recogían en la Ley General de Comunicación Audiovisual. De esta manera queremos hacer constar la situación especial en la que se encuentran para que no sufran las medidas de protección del dominio público radioeléctrico que se contemplan en el proyecto de ley. Reclamamos que las comunidades autónomas creen dentro del registro de prestadores del servicio de la comunicación audiovisual una sección específica para el servicio de comunicación audiovisual comunitaria sin ánimo de lucro que cumpla los requisitos del artículo 32 de la Ley General de Comunicación Audiovisual. Lo fundamental es que consideramos que la disposición transitoria decimocuarta de la Ley General de Comunicación Audiovisual debe ser de aplicación para los servicios comunitarios sin ánimo de lucro, tanto radiofónicos como televisivos, que estuvieran en funcionamiento con anterioridad al 1 de enero de 2009. De esta manera evitaríamos algunas dudas que se han suscitado en cuanto a la interpretación de ese precepto.

Finalmente, constatamos que solo hemos logrado que una pequeña parte de nuestros objetivos sean incorporados al proyecto de ley. Lamentamos que esta ley continúe dando prioridad a los intereses de las grandes corporaciones de telecomunicaciones sobre los de la ciudadanía: el derecho a la propiedad de la vivienda, a la salud, a vivir en un medio ambiente saludable, etcétera.

Por todo ello, pedimos el voto favorable para nuestras enmiendas parciales y anuncio que nuestro voto global al proyecto de ley será negativo.

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