Contra la Ley de la patada en la boca de la democracia

Policia-carga-manifestantes_ESTIMA20120925_0054_17Ayer se difundió el contenido del anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que está trabajando el Gobierno del PP dentro de su estrategia de involución de derechos y de represión contra la protesta ciudadana. Si su antecesora, la Ley de Seguridad Ciudadana del ministro Corcuera (PSOE) se conoció como la “ley de la patada en la puerta”, este proyecto del ministro Fernández Díaz (PP) va a ser la “ley de la patada en la boca de la democracia”, como denunció ayer mi compañero de escaño Joan Coscubiela.

Ayer también se pronunció CHA, criticando una Ley que calificó de “antiseguridad ciudadana”, puesto que atenta contra la libertad de la sociedad, también contra la sociedad aragonesa. Se trata de una legislación propia del franquismo con una limitación total al derecho de manifestación, a la protesta social y a la seguridad de las personas que ejercen sus derechos. Para CHA, el Gobierno del PP pretende blindar sus pasos y amordazar a la sociedad a base de apretarle el bolsillo.

José Luis Soro, presidente de CHA, declaró ayer que considerábamos “muy grave y peligroso que el Gobierno de Rajoy inicie el proceso para imponer la Ley de Seguridad Ciudadana que restringirá la libertad de la sociedad para protestar contra los recortes y las injusticias”. Es un paso atrás en la libertad de las personas y un paso más en la democracia de mentira, “esa que pretende que las personas voten una vez cada cuatro años y se mantengan en silencio el resto del tiempo”.

Además, esta Ley pretende imponer más sanciones económicas, “en la línea de ahogar a base de multas a los movimientos sociales y las personas que participan en ellos. Es una forma de criminalizar a la sociedad”. Hay muchos aspectos lesivos de esta Ley entre los que destacan: la limitación de los espacios en los que se puede protestar, “acabarán por blindar todos los espacios por los que se mueve el Gobierno”; la imposibilidad de grabar imágenes en las manifestaciones, pruebas, en determinados casos, de los abusos que cometen las fuerzas de seguridad; la arbitrariedad a la hora de decidir qué es un altercado y cómo se comportan quienes participan en ellos y, en última instancia, “limitar la capacidad de la sociedad para decidir cómo y cuándo quiere protestar”. Desde CHA se recuerdan momentos espontáneos en los que la sociedad se ha unido y que han marcado la historia de Aragón.

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