La enmienda a la totalidad de #LaIzquierdaPlural al Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones

El PP vuelve a mostrarnos con la nueva Ley General de Telecomunicaciones cuál es la esencia de su proyecto ideológico: recentralizar a toda costa competencias de ayuntamientos y Comunidades Autónomas, desregular todo para dejar en manos de los grandes operadores el control del supuesto libre mercado y todo ello con el consiguiente e inevitable perjuicio a la ciudadanía, especialmente preocupante en esta cuestión porque está en juego la prevención de la salud. Por ello, como Portavoz del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en la Comisión de Industria, Energía y Turismo, he presentado una enmienda a la totalidad solicitando la devolución del citado proyecto de ley.

Nuestra enmienda a la totalidad se fundamenta en tres cuestiones fundamentales: El proyecto de ley avanza en la desregulación pública en beneficio de los grandes operadores de telecomunicaciones, se produce otro proceso más de invasión de competencias, tanto locales como autonómicas, y por último se abandonan los más elementales principios de precaución y prudencia que deberían figurar en cualquier iniciativa legislativa destinada a regular ámbitos tan sensibles como la protección de la salud.

Esta iniciativa del Gobierno supone otro ejemplo más de la continuada imposición de los mismos criterios que han enmarcado todas y cada una de las decisiones impulsadas por el PP: El abandono de toda la capacidad pública, retirando a los ayuntamientos y comunidades autónomas el poder regulatorio, con el único objetivo de beneficiar la actividad de los grandes grupos privados de telecomunicaciones.

A modo de ejemplo de todo lo que se desprende de los artículos del texto, se destina íntegramente el capítulo II de la normativa a regular, con un claro predominio de la posición de las empresas privadas dominantes del sector, los Derechos de los operadores a la ocupación del dominio público, siendo beneficiarios en el procedimiento de expropiación forzosa y en el establecimiento a su favor de servidumbres y de limitaciones a la propiedad. Y es que esta ley pretende eliminar la obligación de que sean los ayuntamientos quienes den la licencia, por lo que las empresas ya no la necesitarán. Las competencias municipales en materia de antenas de telefonía móvil, si se aprueba el texto tal y como está redactado, van a desaparecer totalmente, lo que supone que también se limita al extremo cualquier posibilidad que tengan los vecinos de oponerse a la instalación de dicha antena. Esta ley consagra la indefensión ciudadana: Las operadoras solo tienen que pedir al Ministerio de Industria, Energía y Turismo la autorización para colocar antenas en una determinada azotea que será catalogada como servidumbre de paso especial. Se declara a las operadoras como posibles beneficiarios de la expropiación de bienes en comunidades de propietarios para poder instalar las antenas.

Además, el Proyecto establece que los operadores que explotan redes o prestan servicios de telecomunicaciones (comunicaciones electrónicas), tienen la obligación de verificar que los terceros a cuya disposición ponen su red disponen del correspondiente título habilitante para la utilización del espectro radioeléctrico, y para el caso no poseer tal título, los operadores tendrán que denegar el acceso a su red. Esta nueva obligación, que traslada a los operadores la labor inspectora o de policía que corresponde a la Administración, resulta contraria a las Directivas europeas, en cuanto al principio de neutralidad tecnológica y la desvinculación entre las redes de telecomunicaciones y los contenidos que por estas se difunden. Esta condición que pretende recogerse en el nuevo Proyecto, creará un gran riesgo de discriminación que perjudicará a las pequeñas operadoras, y beneficiará por enésima vez al operador dominante

Finalmente recordemos que desde diversas plataformas ciudadanas están abogando también por su retirada y esta enmienda a la totalidad responde a su iniciativa ya que el texto aprobado no se hace eco de ninguna de las preocupaciones de los ciudadanos y solamente se recogen aspectos técnicos con el fin de favorecer el despliegue tecnológico con las menores trabas administrativas, llegando a indicar que “hasta se podría pensar” que el mismo proyecto de ley ha sido redactado por las propias operadoras en base a sus necesidades.

En el Estado español los riesgos de la exposición a estas ondas están reconocidos en el R.D. 1.066/2001, sobre medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. Estos límites se basan en la Recomendación Europea 1999/519/CE, de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos, norma totalmente obsoleta, ya que no ha sido revisada desde su publicación incumpliendo el artículo 7 de dicha ley, que regula que se han de realizar evaluaciones sanitarias de los riesgos por emisiones radioeléctricas. Tras 12 años, no se conoce ninguna evaluación, ni tienen en cuenta las Resoluciones de otros organismos públicos como el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa o la Agencia Europea del Medio Ambiente, quienes han denunciado en diferentes ocasiones que los límites actuales están desfasados, pues no se han actualizado con las distintas investigaciones que se han producido desde entonces.

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