Conciliando el derecho del autor y el derecho ciudadano a la cultura

A última hora de la mañana, en el marco de la Jornada Parlamentaria sobre la propiedad intelectual en el siglo XXI, organizada por la Asociación de ex Diputados y ex Senadores de las Cortes Generales, he participado, representando al G.P. La Izquierda Plural, en una mesa redonda con los portavoces de Cultura de PP, PSOE y CiU. He tenido ocasión de exponer la posición que hemos acordado entre los tres partidos que formamos el Grupo  (IU, ICV y CHA). Y he anunciado en primicia nuestra alternativa para la compensación por copia privada, que os detallo más abajo. Nuestro objetivo es conciliar los legítimos intereses de los creadores y el legítimo interés de la ciudadanía al acceso a la cultura. Un equilibrio que se ha quebrado en los últimos años con la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y comunicación que han superado el modelo clásico de negocio de las industrias editorial, audiovisual y musical, quedando obsoletas. Tras el fracaso del canon digital para sostener la compensación por copia privada que reciben los autores y tras el escándalo de corrupción en la más importante de las sociedades de gestión de derechos de autor, resulta imprescindible una nueva ley de propiedad intelectual (LPI), pero el anteproyecto del PP es todo lo contrario de lo que se necesita: no se ha pactado con los sectores de la Cultura (más bien parece un pulso perdido ante el Ministerio de Industria), liberaliza y privatiza la gestión de derechos abriéndola a empresas incluso extranjeras, menoscaba el carácter cooperativo de las entidades de gestión autogobernadas por los propios creadores y pone en peligro la función social que éstas deben cumplir para sus afiliados, debilita la protección de los derechos de autor en favor de las industrias tecnológicas, ilegaliza casi todos los supuestos de copia privada para justificar la reducción de la aportación a los autores y finalmente hace recaer la compensación por copia privada sobre todos los contribuyentes a través de los Presupuestos Generales del Estado. Todo es un auténtico disparate. Fruto de la falta de respeto de este Gobierno a la gente de la cultura, o del exceso de respeto que tiene a las poderosas compañías de las telecomunicaciones.

Finalmente he expuesto la alternativa de La Izquierda Plural: exigir la máxima transparencia y control a las entidades de gestión, defender su carácter cooperativo y su función social, así como también reconocer las diversdas modalidades de protección y autorización de derechos, el procomún, el trabajo colaborativo en red y el dominio público. A nuestro juicio, la controvertida compensación por copia privada no debe financiarse ni con un canon indiscriminado que recaía sobre los consumidores de productos digitales ni sobre los Presupuestos del Estado, sino a través de un tributo que grave las descargas de los operadores de telecomunicaciones y proveedores de servicios, que son quienes obtienen pingües beneficios a costa de la cultura que han creado otros. Esa es nuestra alternativa.

 

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