Denunciando la estrategia de represión del Gobierno Rajoy

[El pasado domingo, día 15, el periodista Antonio Ibáñez publicaba en El Periódico de Aragón el siguiente reportaje en el que se informa de la respuesta recibida a partir de una pregunta parlamentaria que formulé sobre la estrategia represiva de la Delegación del Gobierno español en Aragón. Podéis descargaros aquí las iniciativas parlamentarias en pdf.]

Interior abrió más de 130 expedientes en las protestas del último año y medio

El Gobierno defiende el papel del delegado en Aragón y dice que ha habido más de 900 manifestaciones. Chesús Yuste (CHA) pregunta por las “identificaciones intimidatorias”, los controles a inmigrantes y las cargas

Antonio Ibáñez. La Delegación del Gobierno en Aragón ha sancionado o ha abierto expediente a más de 130 personas en un año por participar en alguna de las más de 900 manifestaciones que ha habido en los últimos 12 meses en la comunidad autónoma. La apertura de algún tipo de expediente hacia estas personas se justifica por comportamientos contrarios a la ley, aunque en muchos casos se ha criticado la proporcionalidad de la actuación policial y del excesivo rigor en la aplicación de castigos por parte del Gobierno.

El Ministerio del Interior apoya y corrobora las decisiones tomadas por el delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, al que piensa mantener en su puesto. Así responde a una pregunta concreta al diputado de CHA-La Izquierda de Aragón en el Congreso de los Diputados, Chesús Yuste, en el que este enumera los incidentes y sanciones producidos en las manifestaciones que se han celebrado en la comunidad y le pregunta al ministro si atenderá diversas solicitudes en las que se exige la dimisión del responsable gubernamental en Aragón.

En un solo día, el 9 de abril de este año, se incoaron 51 expedientes a otras tantas personas, con una propuesta de sanción de 1.500 euros y cincuenta de 200 euros tras denunciar la Policía ante la Fiscalía un escrache ante el diputado del PP por Zaragoza, Eloy Suárez. Además de estas sanciones, otra de las más sonadas fueron las que se produjeron el 10 de octubre del año pasado en Artieda, cuando los vecinos cortaron la carretera para protestar por unas expropiaciones y sufrieron una carga de la Guardia Civil. Según el Gobierno, los agentes “tras intentar reiteradamente por la vía del diálogo despejar la carretera”, decidieron intervenir “encontrando gran oposición y violencia por parte de los manifestantes”. Aunque en las imágenes grabadas se aprecia una reacción desproporcionada de los agentes y no se observan ataques de los manifestantes, Interior asegura que hubo 11 guardias civiles heridos y tres “causaron baja para el servicio”. Al promotor de la manifestación se le abrió expediente administrativo por dos faltas graves.

Interior justifica el número de expedientes abiertos –en el año en el que más se han abierto en los últimos lustros por participar en manifestaciones, porque “se ejerce con pleno respeto al principio de legalidad y al principio de contradicción que es propio de este tipo de expedientes”. También desmiente las denuncias de algunos colectivos y niega que “se produzcan controles policiales a inmigrantes por el mero hecho de serlo”. A pesar de las críticas recibidas, también rechaza que se produzcan “cargas policiales injustificables” y defiende el papel de los agentes de las fuerzas de seguridad en estos actos porque actúa “por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad”.

El ministerio reconoce en el último año y medio al menos hasta doce protestas que acabaron con detenidos y expedientes. En la mayor parte de los casos se acusa a los manifestantes de atentado y resistencia a la autoridad. La mayor parte de estas actuaciones fueron muy cuestionadas por numerosos colectivos.

En su pregunta, el diputado Yuste también denuncia que se modifiquen el recorrido de convocatorias “comunicadas en tiempo y forma”, así como identificaciones “intimidatorias”. El dirigente de CHA también considera que “de forma esporádica se producen cargas injustificables e injustificadas o detenciones que podrían calificarse de ilegales”.

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