Contra la reforma local y la reforma de la Administración (la transcripción)

Intervención del Diputado de CHA (La Izquierda de Aragón) Chesús Yuste, portavoz del G.P. IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, en apoyo a la petición del PSOE de comparecencia del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, para informar de las intenciones del Gobierno respecto del Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y de los Grupos Parlamentarios Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (EAJ-PNV), de la comparecencia de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, para informar de las intenciones del Gobierno respecto al informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas. (Diputación Permanente, 24/07/2013).

El señor YUSTE CABELLO: Muchas gracias.

Efectivamente, hablamos a la vez de dos reformas, la reforma local y la reforma de las administraciones públicas, que serían las dos caras de una misma moneda, la moneda de la involución de este Gobierno del Partido Popular en un intento de recentralización, que conlleva también un auténtico atentado contra la autonomía municipal y también contra el Estado de las autonomías. Lo digo porque además los hechos van dando la razón.

El anteproyecto de ley de la reforma local ha recibido un severo varapalo por parte del Consejo de Estado recientemente, con un dictamen demoledor aprobado por unanimidad que pone en duda la constitucionalidad de dos aspectos fundamentales de este anteproyecto de ley: por un lado, la regulación del coste estándar, una figura que pretende imponer el Ministerio de Hacienda de forma uniforme en todo el territorio para medir el coste de los servicios públicos, con el objetivo ultimo de retirar los servicios a la Administración que no cumpla con ese coste estándar, lo que evidentemente terminará provocando eliminación de servicios o privatización, y, en el mejor de los casos, el fortalecimiento de unas instituciones decimonónicas ajenas al voto ciudadano directo y proclives al clientelismo, como son las diputaciones provinciales.

En segundo lugar, se invade o se ataca también la autonomía local, lo que ha sido valorado por el Consejo de Estado como otra clara evidencia de inconstitucionalidad en el anteproyecto. Con ese dictamen en la mano lo sensato sería que el Gobierno retirara el anteproyecto y abriera una nueva etapa de diálogo para buscar el consenso en torno a la reforma local, sin olvidar la financiación municipal, que es la gran olvidada en este anteproyecto. Pero el Gobierno ya nos ha anunciado, en su insensatez, que está dispuesto a aprobar el proyecto de ley el próximo viernes, no sabemos con qué cambios, si van a ser de gran calado o de poco calado. A nuestro juicio sería un error aprobarlo con una faena de aliño y sin consultar primero con el conjunto de la sociedad y, en este caso, con los grupos parlamentarios. Por eso es importante que comparezca el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para explicar qué va a hacer con ese anteproyecto, qué opina del dictamen del Consejo de Estado y qué cambios va a introducir a partir de ese dictamen.

En tercer lugar, respecto de la reforma de administraciones públicas, el Partido Popular muestra su auténtica faz. Nunca ha creído en el Estado de las autonomías. Lo ve como una mera descentralización administrativa y no como una descentralización política. Todo el mundo sabe que sin autonomía política y sin autonomía financiera no existe un auténtico autogobierno. Esa visión preconstitucional es la que subyace en la reforma de administraciones públicas que se está impulsando desde el Gobierno a partir de ese informe CORA, que es un informe antisocial, lleno de falsedades y que se fundamenta en la coacción del Gobierno central sobre los Gobiernos autonómicos.

La propuesta más llamativa es que las comunidades autónomas suprimieran sus defensores del pueblo y sus tribunales de cuentas. Es decir, lo que se propone para ahorrar 4 euros es eliminar controles al poder y reducir la transparencia. Desde luego, menos democracia no puede ser nunca la salida a una crisis económica. En el caso de Aragón, nadie sensato puede defender la supresión del Justicia de Aragón o de la Cámara de Cuentas de Aragón, porque el Justicia es una institución histórica, antecedente medieval de los ombudsmen contemporáneos, que funciona muy bien y es muy querido por los aragoneses y las aragonesas, y por lo tanto nadie lo está poniendo en cuestión. Por otra parte, la Cámara de Cuentas de Aragón, de reciente creación, está demostrando que funciona bastante mejor que el Tribunal de Cuentas del Estado, ya que fiscaliza las cuentas de Aragón al año siguiente y no siete años después como hace el tribunal estatal. En consecuencia, guárdense esas ideas brillantes para ahorrar dinero, miren los ministerios que pueden sobrar en Madrid, miren las diputaciones provinciales, miren la Administración periférica del Estado, pero no intenten invadir competencias autonómicas.

En coherencia con esto, desde La Izquierda Plural apoyamos también la comparecencia de la vicepresidenta, tal y como han solicitado Convergència i Unió y el PNV, para explicar la posición del Gobierno acerca de la reforma de las administraciones públicas.

Muchas gracias.

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