Contra la reforma local del PP (la transcripción)

Moción del G.P. Socialista en que se reclama la retirada del anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Intervención de Chesús Yuste, Diputado de CHA (La Izquierda de Aragón), como portavoz del Grupo IU/ICV/CHA: La Izquierda Plural, apoyando la moción. (Pleno, 26/06/2013).

El señor YUSTE CABELLO: Señor presidente, señorías, abordamos otra reforma legal que pretende provocar un retroceso de décadas. La verdad es que a este Gobierno no se le ocurre idea buena; eso sí, es coherente con el perfil del Partido Popular: centralista, clasista, antisocial, neoliberal y autoritario. Este anteproyecto de ley, llamado rimbombantemente de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, lo que llamamos la reforma local o, incluso, la ley antiayuntamientos, pretende atacar el modelo de municipalismo nacido en la Transición, cuando los ayuntamientos se convirtieron en auténticas escuelas de democracia, cuando al asumir el papel de Administración más cercana a la ciudadanía ofrecieron un amplio abanico de servicios públicos desde la proximidad.

Una vez más, este Gobierno utiliza la crisis y el déficit como excusa para imponer su modelo neoliberal y centralizador, y digo excusa porque la deuda de las entidades locales representa apenas un 5 % del total de la deuda del Estado. Es el nivel administrativo menos endeudado. No parece, por tanto, que sea el culpable del déficit. Y eso que la cuarta parte de esa deuda pertenece a un único ayuntamiento, el campeón del endeudamiento, la ciudad de Madrid, gracias al despilfarrador señor Ruiz-Gallardón, reconvertido ahora en el ministro de Justicia más reaccionario de los últimos cincuenta años.

No es esta la única falacia en la que se sustenta esta reforma local. Se basa en un lema, que es fundamentalmente mentira, repetido como un mantra: «una competencia, una administración». Muchas competencias son compartidas y requieren la cooperación entre administraciones, y si el Partido Popular creyera en ese criterio, ¿por qué no suprime los ministerios de Sanidad, Agricultura, Medio Ambiente, Educación, Cultura o Justicia, cuyas competencias se han transferido a las comuniones autónomas? ¿Por qué no se suprimen las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno? ¿Ya no se acuerdan de aquello de la Administración única?

También es mentira ese mensaje populista que se venía dando de que se iban a rebajar los sueldos de alcaldes y concejales, anunciando que el 82 % de los concejales ya no tendrán dedicación exclusiva. Claro, hoy son el 83 % los que no tienen dedicación exclusiva. Vaya superreforma que estaban ustedes haciendo.

Se ha dicho también que esta ley supondría un ahorro de 7.000 millones de euros. Sin embargo, en ningún lugar se explica de dónde sale esa cifra, no existe una memoria económica que justifique semejante ahorro; por tanto, cabrá suponer que se trata de una ocurrencia del señor Montoro. Si los servicios pasaran de los ayuntamientos a las diputaciones o a las comuniones autónomas, se seguirían prestando, lo pague una administración u otra. Cambiar una bombilla de un colegio costará fundamentalmente lo mismo, la reponga el ayuntamiento, la comunidad o la empresa privada a la que se externalice el servicio. Solo habrá ahorro significativo si efectivamente se eliminan los servicios, y ese es el horizonte inconfesado de esta ley antiayuntamientos.

Este anteproyecto no nace del consenso, nace del más profundo disenso. De hecho, es la mayor agresión a la autonomía local desde que España ratificó la Carta europea de autonomía local. Vulnera, además, las competencias en régimen local de las comunidades autónomas, incluso ignora el modelo territorial supramunicipal del que se han dotado algunas comunidades autónomas, como es el caso de las comarcas en Aragón o en Cataluña, por ejemplo. Por tanto, lo más probable es que gobiernos autonómicos y parlamentos autonómicos se vean obligados a presentar recursos al Tribunal Constitucional.

La tendencia recentralizadora es brutal. A los ayuntamientos se les va a imponer un coste estándar fijado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y ¿cómo se va a calcular? Solo Dios lo sabe. Lo que está claro es que ese coste estándar estará por debajo del coste real de los servicios y servirá para uniformizar los criterios de evaluación de cada municipio, ignorando deliberadamente que cada servicio no cuesta lo mismo en cada comunidad autónoma. El coste estándar es el caballo de Troya para que esta ley reduzca los costes de los servicios empeorando la calidad de su prestación, promoviendo su privatización o directamente su eliminación. Servicios de empleo, de guarderías, escuelas de enseñanzas artísticas, formación de adultos, atención social, políticas activas de vivienda, de igualdad o de juventud, todos esos servicios han mejorado la calidad de vida de la ciudadanía en las últimas décadas, y ahora están en peligro por culpa del Gobierno del señor Rajoy. La entrada en vigor de esta ley supondría la pérdida, según se ha estimado, de unos 200.000 puestos de trabajo públicos; esto es, 200.000 parados más gracias a esta ley contra los ayuntamientos, si no logramos pararla antes.

Concluyo ya. Se trata de una ley centralista, que retira competencias a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes si no cumplen con el coste estándar, para engordar, eso sí, a las diputaciones, que es una institución decimonónica, ajena a la realidad territorial de muchas comunidades autónomas y ajena también al voto ciudadano directo. En lugar de eliminar las diputaciones provinciales, que es lo que deberían hacer, el Partido Popular las refuerza. Además, los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes podrán ser intervenidos directamente si incumplen con ese estándar impuesto. Permítanme que ponga el ejemplo de mi país. En Aragón, de 731 municipios solo cuatro tienen más de 20.000 habitantes, y solo veinticinco más de 5.000 habitantes, es decir, el 96 % de los municipios aragoneses estaría amenazado de intervención y de desaparición con esta ley antimunicipal. Tomemos nota de ello.

Por eso Chunta Aragonesista, Iniciativa per Catalunya Verds e Izquierda Unida, La Izquierda Plural, pedimos la retirada inmediata del anteproyecto de ley y así lo solicitamos en la proposición no de ley presentada el pasado 8 de abril y pendiente de debate. Hace falta abrir un diálogo con las administraciones municipales y autonómicas para elaborar otra reforma local…

El señor PRESIDENTE: Seños diputado, tiene usted que terminar.

El señor YUSTE CABELLO: Concluyo con una frase.
… respetando la Carta Europea de Autonomía Local y las competencias autonómicas en la ordenación territorial y régimen local. Hace falta otra reforma local que resuelva el problema de verdad, que es el de la financiación de las entidades locales. En coherencia con eso, vamos a votar a favor de esta moción, porque las víctimas de esta ley no van a ser los políticos, como diría demagógicamente la señora Sáenz de Santamaría; van a ser los ciudadanos y ciudadanas, que verán mermados sus servicios públicos más cercanos.

Muchas gracias.

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