Sobre el último informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas de Aragón

Intervención del Diputado de CHA (La Izquierda de Aragón) Chesús Yuste con motivo de la comparecencia del Presidente del Tribunal de Cuentas para la presentación del Informe del Tribunal de Cuentas sobre las Cuentas Generales de la Comunidad Autónoma de Aragón de 2006, 2007, 2008 y 2009. (Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, 25/06/2013).

El señor YUSTE CABELLO: Muchas gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas, por la información. En primer lugar, quería valorar, como usted ha recordado, que estas son las últimas cuentas de la Comunidad Autónoma de Aragón que van a ser fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas. De hecho, la cuenta general de Aragón de 2010 y las siguientes son ya competencia de la Cámara de Cuentas de Aragón y me cabe el pequeño orgullo de haber defendido en las Cortes de Aragón la proposición de ley de Chunta Aragonesista que dio lugar a esa Cámara de Cuentas de Aragón, y que se aprobó por unanimidad. Hoy está recogida en el Estatuto de Autonomía de Aragón, contribuye a la transparencia de las cuentas públicas y por eso a nadie sensato se le ocurrirá eliminar la Cámara de Cuentas de Aragón, ni por supuesto la institución del Justicia de Aragón, que es el precedente histórico de los ombudsmen contemporáneos. Dicho esto, una de las virtudes de las cámaras de cuentas autonómicas que funcionan bien es precisamente la inmediatez. Durante varias legislaturas nos preguntábamos en las Cortes de Aragón qué utilidad tenía el informe del Tribunal de Cuentas con cuatro años de retraso, incluso más, como vemos ahora. La falta de inmediatez en ese sentido es decisiva en asuntos de gestión de cuentas públicas. Hoy analizamos simultáneamente las cuentas de la Comunidad Autónoma de Aragón de hace siete, seis, cinco y cuatro años; siete años, desde luego no podemos considerarlo normal, no podemos darlo por bueno y esa es una de las razones de peso que tuvimos en Aragón para dotarnos de un órgano de control externo de las cuentas públicas que fuera propio. Esa es la realidad.

Cada año en los informes del Tribunal de Cuentas se repite el mismo rosario de irregularidades, se ha convertido esto en una especie de extraño ritual, pero creo que lo que debería importarnos más no son tanto las irregularidades que había hace siete años o hace cuatro años sino si se han corregido a fecha de hoy. Usted ya nos ha adelantado en una respuesta anterior que no puede anticiparse a valorar si se han corregido o no. Por lo tanto, esa pregunta que le iba a formular queda en el aire.

Con el desarrollo de las cámaras de cuentas autonómicas sin duda el Tribunal de Cuentas va a disponer de más tiempo para poder realizar su trabajo con una mayor profundidad. En ese sentido, me refiero no solo en cuanto a la fiscalización contable sino también a la fiscalización operativa, esto es, valorando la eficacia y la eficiencia del funcionamiento de los servicios públicos, que creo que en estos tiempos va a ser de gran utilidad o de gran interés para el conjunto de nuestra sociedad.

Quiero entrar ya en la cuestión: además del rosario de irregularidades que se repiten todos los años, hay algunas cuestiones que podríamos considerar de mayor calado. En primer lugar, las subvenciones directas que no acreditan ni el interés público ni social ni humanitario ni la imposibilidad de someter las subvenciones a libre concurrencia o, en segundo lugar, los contratos públicos donde no se priman las bajas y en cuyas cláusulas administrativas no se especifican bien los criterios de adjudicación, por lo que parece que no todas las empresas interesadas en la licitación pudieron actuar con igualdad de oportunidades. Hay obras, usted lo ha citado, que se adjudican a licitadores que ofrecen reducciones en los plazos de ejecución, pero luego se autorizan ampliaciones de esos plazos y demoras no justificadas. Es lógico que en esas circunstancias exista o crezca la sospecha de algún tipo de corruptela o corrupción. Esas cuestiones entiendo que han motivado no solo las recomendaciones al Gobierno de Aragón, sino también el interés del ministerio fiscal del propio Tribunal de Cuentas. En diciembre, después de que se aprobara por el pleno del Tribunal de Cuentas el informe sobre la cuenta general de Aragón correspondiente a 2008 y 2009 la prensa aragonesa publicó llamativos titulares hablando de irregularidades penales. En este informe ciertamente se señala a varios departamentos del Gobierno de Aragón entonces presidido por Marcelino Iglesias, del PSOE, y vicepresidido por José Ángel Biel, del PAR. ¿Nos podría confirmar usted, señor presidente, si Fiscalía efectivamente ha intervenido en esas irregularidades?, ¿ha pasado ya la raya de lo que es irregularidad a lo que puede ser presunto delito? No ha dicho nada en su primera intervención.

Y saco a colación precisamente la comparecencia de su antecesor, el señor Núñez, en noviembre de 2010, cuando presentó el informe correspondiente a las cuentas de Aragón de 2004 y 2005 y anunció que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas había abierto diligencias preliminares sobre posibles responsabilidades penales por las irregularidades detectadas en esos años. Lo cierto es que no hemos tenido más noticias de aquello, tampoco sabemos a qué ha dado lugar, tampoco sabemos si las irregularidades de este último informe van a dar frutos o no. En todo caso, nos preocuparía que se utilizara de alguna manera la Fiscalía del Tribunal de Cuentas para hacer fuegos de artificio y que luego la cosa se quedara en agua de borrajas, como decimos en Aragón. Flaco favor haríamos a la credibilidad de las instituciones si utilizáramos los informes del Tribunal de Cuentas para el pim pam pum entre los portavoces de PP y PSOE. Desde luego, si entra la fiscalía, que lo haga en serio, que haya indicios racionales de criminalidad y que se llegue hasta el final, caiga quien caiga, eso es lo que espera la ciudadanía, eso es lo que esperamos desde Chunta Aragonesista y desde La Izquierda Plural, y ojalá se actúe con rigor y no solo con ventajismo electoral cortoplacista.

Concluyo ya: en todo caso, muchas de estas irregularidades detectadas que habían interesado a la fiscalía, y esto es una recomendación a los señores del Partido Popular, como el plan de depuración del Instituto Aragonés del Agua, los sobrecostes y demoras del circuito Motorland en Alcañiz o del aeródromo de Teruel, eran proyectos competencia no de responsables del PSOE sino de responsables del PAR, responsables que hoy continúan ostentando idénticas responsabilidades o similares en el Gobierno de coalición PP-PAR que encabeza la señora Rudi. Por lo tanto, les emplazo a que tengan cuidado, a que se aseguren de que las prácticas irregulares o quizá delictivas se hayan abandonado completamente por parte de los consejeros y directores generales del PP y también, por supuesto, del consejero y de los directores generales del PAR que, como ustedes saben, son una treintena repartidos por todos los departamentos del Gobierno de Aragón.

Dicho esto, nuestro grupo desde luego respalda las recomendaciones del Tribunal de Cuentas con respecto a las cuentas de Aragón de 2006 a 2009 y esperemos que de sus respuestas podamos sacar en claro si las menciones a la fiscalía eran fundadas o eran simplemente una noticia de prensa sin mayor recorrido.

Muchas gracias.

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