30 Junio 2009...1:07 pm

Gran Scala: ¿Y ahora qué?

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El pasado jueves se aprobó en el Pleno de las Cortes de Aragón la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad que pretende legalizar el megaproyecto de ocio y juego Gran Scala, que aspira a instalarse en Ontiñena, en la comarca del Baix Cinca. Ha acabado pues la tramitación parlamentaria, pero no el debate social ni el trabajo político relacionado con esta ley.

En este sentido, seguimos esperando el informe de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón sobre el proyecto de ley, que es preceptivo. Reiteradamente el Vicepresidente Biel ha afirmado que esos informes garantizaban la constitucionalidad de la ley. Sin embargo, sorprende que no los haya hecho públicos ya para contrarrestar las advertencias de inconstitucionalidad hechas por los Letrados de las Cortes de Aragón. ¿Y si no fueran favorables al proyecto de ley, sino contrarios? El rumor en este sentido es insistente en las últimas semanas. Sólo la presentación pública del informe de los Servicios Jurídicos de la DGA podría desmentir los rumores, caso de ser inciertos. Y digo expresamente el de los Servicios Jurídicos, porque es el informe preceptivo. No tendrían el mismo valor otros informes jurídicos redactados por otros servicios del Pignatelli a instancia del propio Biel, por ejemplo.

Hace semanas que pedimos por vía reglamentaria ese informe. Cuando se nos entregue, podremos extraer interesantes conclusiones. Sin duda. El Presidente Iglesias se comprometió el 18 de junio a que “esta ley se ajustaría a la Constitución”. Ý el portavoz del Grupo Socialista, Jesús Miguel Franco, declaró que “no apoyarían ningún artículo ni disposición que sea contrario a la norma constitucional”. Era de esperar que cumplieran con su palabra. Pero han votado a favor de todos los artículos y disposiciones, sin disipar las dudas sobre su constitucionalidad.

En todo caso, CHA ha rechazado esta ley no porque sea inconstitucional, sino por los principios que se vulneran. Lo diga o no la Constitución, lo digan o no los informes jurídicos, desde CHA nos oponemos: a) a que se legisle a la carta; b) a que el gobierno actúe con arbitrariedad; c) a que se prime a una determinada empresa en flagrante desigualdad con respecto al resto del tejido empresarial aragonés;  d) a que en un determinado municipio se deje sin aplicación  la normativa vigente en materias tan sensibles como la ordenación territorial, el urbanismo, el turismo, los espectáculos públicos o el juego; e) a que en ese municipio se apliquen los usos y costumbres de Las Vegas o Macao en lugar de la Ley del Juego de Aragón; f) a que el Gobierno de Aragón se arrogue las competencias municipales urbanísticas y territoriales; g) a que se considere de “utilidad pública e interés social” un proyecto empresarial de 32 casinos (nos parece un sarcasmo, un insulto a la sociedad aragonesa, no sólo a la legislación vigente); y h) a que el Gobierno de Aragón siga apostando (nunca mejor dicho) por el modelo de crecimiento especulativo que nos ha llevado a la crisis actual, en lugar de optar de verdad por otro modelo basado en el conocimiento y la innovación, del que se llenan tanto la boca en vano.

Otra cosa es que estas razones políticas  se vean respaldadas en su mayor parte por sólidos informes jurídicos que advierten sobre la inconstitucionalidad de varios preceptos de esta polémica ley. Por eso, la mejor manera de intentar restaurar el ordenamiento jurídico aragonés y evitar el desarrollo de este megaproyecto de casinos es someter la recién aprobada ley al juicio del Tribunal Constitucional. Para conseguirlo en nuestras manos sólo está la vía de acudir al Defensor del Pueblo. Pero puede haber otras vías: si el PP tiene dudas acerca de la constitucionalidad de varios artículos (de hecho en Pleno votaron en contra de varios por esa razón), tiene la responsabilidad de salir de dudas acudiendo directamente al Tribunal Constitucional (y cuenta para ello con más de 50 diputados en el Congreso y con más de 50 senadores, como exige la Ley del TC). No hay excusas que valgan.

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