He estado siguiendo esta mañana la rueda de prensa del Vicepresidente Primero del Gobierno español y Ministro de Economía, Pedro Solbes, sobre el nuevo modelo de financiación autonómica que debería entrar en vigor el 1 de enero de 2009 y me ha parecido decepcionante. Por las formas y por el fondo, Solbes ha presentado una propuesta que da la espalda a Aragón. Primero, porque se hace público un modelo antes de que el Presidente Zapatero haya tenido la delicadeza de reunirse con el Presidente de Aragón Marcelino Iglesias, una falta de respeto que pone en evidencia el poco peso político que tiene Iglesias en el PSOE y, por extensión, Aragón en el conjunto del Estado. Y segundo, porque se han ignorado las reivindicaciones de Aragón en materia de financiación que se recogen en el Estatuto: ni se han mejorado los criterios de territorio o envejecimiento, ni siquiera se menciona el acuerdo bilateral de financiación con Aragón.
Además, me preocupa especialmente que Aragón vaya a quedar al margen de los dos nuevos Fondos de Convergencia Autonómica que se van a crear precisamente con los recursos adicionales que va a aportar el Estado: Aragón en principio será excluida de ambos fondos al aplicarse criterios per cápita que perjudican a una comunidad como la nuestra con escasa población. La perversidad estadística que ya nos excluyó del Objetivo 1 y del Fondo de Compensación Interterritorial nos va a excluir otra vez de otros fondos. Según la propuesta de Solbes, los dos nuevos fondos, llamados conjuntamente ‘de Convergencia Autonómica’, son el Fondo de Competitividad, que se va a repartir entre las Comunidades Autónomas que tengan una financiación per cápita inferior a la media, y el Fondo de Cooperación, destinado a las CCAA con menor renta per cápita.
El Vicepresidente Solbes ha reconocido que aún están pendientes de redefinición los criterios complementarios de la población ajustada por el que se reparte el principal Fondo, el de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales (esto es, territorio, dispersión, insularidad o población mayor de 65 años), que sería una de las reivindicaciones aragonesas. Sin embargo, más allá de que puedan moverse esos criterios unas décimas arriba o abajo, resulta evidente que el criterio hegemónico seguirá siendo la población, lo que perjudica los intereses de Aragón.
Por otra parte, se ignoran todavía aspectos fundamentales del nuevo modelo: cuántos recursos adicionales aportará el Estado, en qué términos se recogerá la capacidad normativa autonómica para el IVA y los Impuestos Especiales (Solbes parece darlo por imposible), por qué se ha excluido la Administración de Justicia del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales (que se limita a Sanidad, Educación y Servicios Sociales), qué porcentaje supondrá finalmente este Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales…
Finalmente, a juicio de CHA, se reconocen algunos aspectos que de entrada pueden considerarse positivos, aunque insuficientes: el hecho de que el Gobieno español acepte realizar una aportación de recursos adicionales al sistema de financiación, la ampliación de la cesta de impuestos autonómica (50% de IRPF e IVA y 58% de Impuestos Especiales, aunque no sea una novedad desde la aprobación del Estatuto catalán donde ya figuraban expresamente esos porcentajes) y la ampliación de la capacidad normativa autonómica (sobre todo en la Renta, ya que en IVA y Especiales más parece un desiderátum), así como el establecimiento de un sistema de evaluación permanente y una revisión quinquenal del modelo.
1 comentario
31 Diciembre 2008 a las 1:59 am
por favor, busco orientacion sobre la conformacion de los claretianos, si hay un grupo que sigue a Pedro Casaldaliga y otros conservadores, para mi hijo que va a entrar a un colegio claretiano en Costa Rica