Teníamos razón

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Cuando debatíamos la reforma del Estatuto de Autonomía, desde CHA hicimos una valoración muy crítica. En comparación con los otros Estatutos aprobados entonces, el de Aragón no nos dotaba de herramientas eficaces para garantizar el nivel de inversiones del Estado imprescindible para corregir el secular déficit inversor o para impedir cualquier proyecto de trasvase del Ebro a otras cuencas, por citar las dos cuestiones fundamentales objeto de debate en aquel momento. Los que pactaron ese Estatuto alicorto (PSOE, PP, PAR e IU) insistieron entonces que el nuevo Estatuto blindaba el Ebro y garantizaba las inversiones. Recordáis aquello, ¿verdad? [Ver estudio comparativo del Estatuto de Aragón y los de otras CCAA].

Pues bien, la realidad es tozuda. Apenas un año y medio después, los hechos han venido a darnos la razón. La primera amenaza de trasvase llegó enseguida. Esta vez el agua iba a ir a Barcelona y no a la Comunidad Valenciana y Murcia, el proyecto lo impulsaba un Gobierno del PSOE y no del PP, y el Gobierno de Aragón comenzó tragando y no emitió el informe preceptivo al que le obliga el artículo 72.3 del Estatuto (“un informe preceptivo para cualquier propuesta de obra hidráulica o de transferencia de aguas que afecte a su territorio”), incumpliendo su deber de “velar especialmente para evitar transferencias de aguas de las cuencas hidrográficas de las que forma parte la Comunidad Autónoma que afecten a intereses de sostenibilidad, atendiendo a los derechos de las generaciones presentes y futuras” (art. 19.3). Menos mal que llovió esta primavera, porque, si es por este Gobierno Iglesias-Biel y por el Estatuto, ya se habría consumado un nuevo trasvase del Ebro.

Ahora, con el recorte de inversiones en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2009, el Estatuto suspende su segunda prueba del algodón. No sólo no se ha reunido la Comisión Mixta de Asuntos Económico-Financieros Estado-Aragón para “estudiar las inversiones que el Estado realizará en la Comunidad Autónoma de Aragón” (art. 109.2.d)) [¿se acordó el Gobierno de Aragón de reclamar su convocatoria o el Sr. Biel se limita a lamentarse a posteriori?], sino que la tan cacareada Disposición Adicional 6ª (“Para la fijación de las inversiones del Estado en Aragón en infraestructuras, se ponderarán, con carácter prioritario, la superficie del territorio, los costes adicionales de construcción derivados de la orografía, así como su condición de comunidad fronteriza, y se incorporarán criterios de equilibrio territorial a favor de las zonas más despobladas”) se ha traducido no en ningún incremento, sino en una reducción de 143 millones de euros, un 12% menos de inversión que el año anterior. Ya decíamos nosotros que eso de “se ponderará” era papel mojado, porque no implica ninguna obligación al Gobierno español. Zapatero ha cumplido con aquellos Estatutos que le obligaban a invertir en una determinada proporción (Cataluña o Andalucía) y ese incremento lo ha compensado con recortes en Aragón, entre otras CCAA. Tener en cuenta en Aragón “la superficie del territorio” nos tenía que haber garantizado un 9,45% de la inversión total. No sé cómo contabilizar los criterios de orografía y carácter fronterizo, pero deberían haber mejorado ese porcentaje aún más, ¿no? Pues no. Las inversiones en Aragón, que en el primer año del Estatuto (además, año Expo), llegaron al 5,0%, en 2009 descienden al 4,4%, que no alcanza ni a la mitad del porcentaje que nos correspondería. ¿Para qué sirve la adicional sexta?

Y encima el Diputado del PSOE Jesús Membrado tiene el cinismo de pedirnos a los aragoneses que seamos condescendientes con el Gobierno de Zapatero, porque ha invertido ya mucho en Aragón. Desde luego, con frases así nos demuestra que no se merece los votos que le dieron los aragoneses el pasado mes de marzo. Que tomen nota los electores.

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