El pasado lunes, Heraldo de Aragón publicó algunos datos sobre el contenido del contrato presentado por los promotores de Gran Scala (I.L.D.) a los propietarios de suelos de La Almolda. Según la Plataforma STOP Gran Scala, lo expuesto en el citado artículo de prensa no recoge las cláusulas más llamativas de dicho contrato, por lo que las están difundiendo, vía correo electrónico, a través del texto que reproduzco en este post. Los párrafos en rojo son los añadidos de Plataforma STOP Gran Scala a la información publicada por Heraldo.
ILD formaliza una opción de compra de suelos a propietarios de La Almolda
(Heraldo, 16/06/2008 )
- Ofrece un anticipo por el 5% del valor de los terrenos.
- Los dueños tendrán que devolver el dinero si, en un año, no se han reunido 2.500 hectáreas o cambiado la ley para Gran Scala.
Es interesante conocer el dato de que personalmente Allegrini está pilotando la operación de sondeo a los propietarios con este contrato. Es decir, que pese a la entrada de la sociedad de capital riesgo C.D.M. (radicada en el paraiso fiscal de Isla Jersey-Canal de la Mancha) en el accionariado de I.L.D., es el “clan de los Corsos” (Allegrini, Colus y De De La Sardine) quienes siguen ostentando el poder al interior del consorcio promotor del “negocio”.
LA ALMOLDA.
Los representantes legales de Internacional Leisure Development (ILD), consorcio promotor de Gran Scala, han redactado un contrato de opción de compra en la que ofrecen a los propietarios de terrenos en La Almolda la cantidad equivalente al 5% del valor de sus fincas, es decir, 450 o 300 euros por hectárea, según los casos, a cambio de “obtener los derechos que le posibiliten, de así desearlo, adquirir la propiedad, libre de cargas y gravámenes, para poder implantar un proyecto de ocio, lúdico, comercial, hotelero y de otros usos”. Así figura en el documento elaborado por el despacho de abogados y asesores tributarios Garrigues y al que ha tenido acceso HERALDO. Dicho contrato contiene una claúsula de “estricta confidencialidad” por la cual los propietarios agrícolas-vendedores serán penalizados con al menos 10.000 euros en caso de dar a conocer públicamente el contenido de dicho contrato. Es evidente que la versión recibida por Heraldo de Aragón estaría mutilada o habría obviado publicar este extremo.
De acuerdo al mismo texto, las partes deberán haber “convenido” un precio de 9.000 euros por hectárea para fincas de secano y 6.000 para el resto (erial) y en el caso de llevarse a efecto la opción de compra, la prima se deducirá del importe total. No obstante, los propietarios firmantes estarían obligados a devolver este “anticipo”; en el caso de darse hasta tres supuestos distintos. Es decir, en cualquier caso, los propietarios estarían obligados a devolver el 5% recibido.
Según reza, se aplicaría esta cláusula si se constatase “la imposibilidad de ostentar la titularidad de al menos 2.500 hectáreas de terreno”, cuando “existieran condicionantes físicos de las tierras que impidan la construcción de un centro de las características del proyectado” o en el caso de que “hubiere trascurrido un año desde la firma de este contrato y no se hubiesen verificado los hitos jurídicos necesarios para el proyecto, esto es, que haya tenido lugar la aprobación de la normativa que permita el desarrollo del mismo”. Aún otro más “es decir”. Los propietarios del suelo deberán devolver a I.L.D. el 5% recibido si el Gobierno de Aragón no acomete las reformas legales necesarias en materia de Ley del Juego, Ley Urbanística, Ley de Hacienda (tributación de las rentas de los casinos), etc. Es decir, I.L.D. blinda el contrato para evitar poner un euro de su patrimonio. De esta manera, el consorcio promotor salvaguarda sus intereses frente a posibles impedimentos en el desarrollo del proyecto.
Por el contrario, ILD solo estaría obligada a perder la prima en el caso de que no ejercitara la opción de compra del modo y forma establecidos en el contrato, es decir, de acuerdo a las cantidades económicas acordadas. Asimismo, en el caso de llegar a ejecutarse la opción y que el propietario no se presentara o se negara a hacerla efectiva, ILD podrían exigirle el “cumplimiento forzoso” de las obligaciones o, alternativamente a su elección, dar por resuelto este contrato con “la restitución de la prima más el cuádruplo de su importe en concepto de pena convencional”.
Los propietarios firmarán, ante notario, poderes al consorcio I.L.D. para que este pueda gestionar con amplio margen de maniobra el proceso de recalificación de usos del suelo
Por otro lado, el documento elaborado caduca en un plazo de veinticuatro meses desde su firma y en el caso de darse todos los condicionantes e hitos jurídicos requeridos, especifica que el pago de las cantidades acordadas se haría efectivo en el plazo de un mes. Durante el periodo de vigencia del contratro I.L.D. se reserva el derecho de venta de estas opciones de compra. Mientras los propietarios no podrán ejercer sus derechos sobre la propiedad del suelo. Osea, I.L.D si puede vender las opciones, los propietarios congelan sus derechos sobre su propiedad. Sin embargo, los propietarios se ven obligados, en cualquier caso, a afrontar el pago de impuestos correspondientes a sus terrenos. Si se diese la circunstancia de que, en el plazo de vigencia del contrato, el proceso de recalificación del suelo multiplicase al alza su valor catastral, la multiplicación del importe de impuestos también correría a cargo de los propietarios
Hasta ahora algunos propietarios consultados aseguran desconocer la existencia de este documento, aunque diversas fuentes apuntan que los representantes de ILD habrían informado “verbalmente” de estas condiciones a los integrantes de la corporación municipal de La Almolda durante la reunión mantenida entre ambas partes el pasado jueves. Reunión esta en la que habría estado presente Allegrini, principal implicado en el caso de fraude “Goldenpot”, entre otros episodios.
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La conclusión de la Plataforma STOP Gran Scala acerca de este leonino contrato es la siguiente:
El nivel de blindaje que comporta este contrato, cuya legalidad es más que discutible, manifiesta a las claras las intenciones del consorcio I.L.D.:
- Mantener vivo, durante el mayor tiempo posible, un negocio centrado en la recalificación de suelos en Monegros, que les permita recoger dinero (blanco o negro) de sociedades de capital riesgo o de similar especie. El cebo del negocio es la garantía que ofrece el total respaldo de un gobierno local a sus maniobras.
- Evitar poner un euro por su parte, tal como hicieron en otros casos anteriores (Goldenpot). De esta forma todo es ganancia y nada hay de riesgo.
- Evidentemente, como simples promotores de la denominada “Idea Gran Scala”, ellos no invertirán ni un euro en la supuesta “Ciudad del Juego”. Si continúan sin aparecer los supuestos inversores del proyecto, este está lógicamente condenado a morir lentamente.
En cualquier caso y visto el “pelaje” y “mañas” de los “Corsos”, resulta absolutamente intolerable la complicidad del Gobierno de Aragón con esta trapala y con los personajes que la andan “cocinando”. Así nuestros gobernantes aparecen tan sospechosos como los propios promotores del “novelón” este.
2 comentarios
19 Junio 2008 a las 5:55 pm
Habeis perdido mi voto, lo siento.
20 Junio 2008 a las 12:23 pm
Alex:
En concreto, ¿por qué?
Perdona la curiosidad.