Este fin de semana la XII Conferencia Intergrupos ‘Paz y Libertad para el Pueblo Saharaui’, celebrada en Santiago de Compostela, repasó la actualidad del conflicto y acordó por unanimidad la denominada “Declaración de Santiago” (que intentaré publicar en los próximos días).
Vivimos un momento decisivo. Tras 32 años de ocupación ilegal por parte de Marruecos de territorios del Sahara occidental, donde se ha desatado una ola de represión contra el pueblo saharaui, y de resistencia en los campamentos de refugiados en el desierto argelino, la paciencia saharaui parece llegar a su fin. O se alcanza un acuerdo que permita culminar el proceso de descolonización que España dejó inconcluso en 1975, o el Polisario podría verse obligado a volver a las armas, como única forma de provocar la intervención de la comunidad internacional, que parece estar ignorando el conflicto precisamente por su carácter de baja intensidad.
El último Congreso del Frente Polisario, único representante legítimo del Pueblo Saharaui, señaló que “el año 2008 es el plazo definitivo para encontrar una solución por la vía pacífica; de no ser esto posible por la intransigencia del Gobierno de Marruecos y la pasividad de la Comunidad Internacional, se abren todas las vías para que este conflicto desemboque en un enfrentamiento militar, con las gravísimas consecuencias que ello implica para la estabilidad y el desarrollo de la Región”.
En este contexto el papel de las instituciones parlamentarias que apoyan la causa saharaui (la República Árabe Saharaui Democrática, RASD) debe cobrar más importancia. Va a ser fundamental reforzar la función de lobby ante distintos foros internacionales, desde la Unión Europea (que debe acompañar al Estado español, como potencia colonial, en el proceso de descolonización) hasta Naciones Unidas (que celebrará en octubre la IV Comisión de Descolonización). España tiene que asumir sus responsabilidades históricas. Los intereses económicos o migratorios que exhibe el Reino de Marruecos en su relación privilegiada con el Gobierno español no deberían impedir que el recién reelegido Presidente Rodríguez Zapatero se comprometiera de verdad en la resolución del conflicto, exigiendo e impulsando la celebración de un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, tal como reconocen múltiples resoluciones de la ONU (la última, la resolución 1495, de 31 de enero de 2003, conocida como ‘Plan Baker’, aprobada por unanimidad en el Consejo de Seguridad y aceptada por el Frente Polisario, pero cuya aplicación está siendo impedida por el gobierno marroquí, vulnerando la legalidad internacional).
Seguiremos informando.
